El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que incluye una ampliación importante en el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra los menores.
En la actualidad, el plazo empieza a contar a a partir de que la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. De este modo, si una víctima no denuncia antes de los 33 años, el delito queda impune.
Hace meses, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comunicó al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, la intención del Ejecutivo de que este tipo de delitos fuesen «imprescriptibles».
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia precisaron que en realidad se barajan tres posibilidades en este sentido: la primera es la imprescriptibilidad de estos delitos, la segunda es que el plazo de prescripción sea de 30 años y la tercera que sea de 50. De momento no se sabe por qué escenario se decantará el Ejecutivo, aunque sí ha dejado claro que, al tener rango orgánico, esta ley puede introducir cambios en otras normas como el Código Penal.
Si el Gobierno decide que el tiempo empiece a contar cuando la víctima cumpla los 50 habrá asumido la propuesta formulada por expertos y ONG que reclamaban esta ampliación para garantizar que los delitos de abusos a menores no quedan impunes.
MÁS CAMBIOS
El pasado 3 de agosto el pianista británico James Rhodes, víctima de abusos en su niñez, y responsables de Save the Children se reunieron con el presidente del Gobierno en La Moncloa para abordar los contenidos de esta norma, en la que Gobierno y ONG trabajan desde hace más de un año.
Entre las muchas medidas que incorporará la ley figura la creación de un registro unificado de víctimas y la protección de los trabajadores sociales con competencias en materia de infancia, a quienes el Gobierno reconocerá como autoridad pública. De esta manera, cualquier agresión contra estos profesionales será considerada como atentado.
También se obligará a todos los centros escolares a contar con protocolos contra la violencia infantil y a la creación de un responsable de bienestar y protección, que dependerá de las comunidades autónomas y deberá velar por la convivencia y la erradicación de la violencia contra los menores en el ámbito educativo.
Otra de las cuestiones que deberá atender esta nueva ley -que aún debe pasar por las Cortes- es la veracidad del testimonio de los menores a la hora de declarar, ya que, según los activistas dedicados a la protección de la infancia, se les somete a auténticos “interrogatorios” cuando denuncian cualquier caso de violencia contra ellos. Sólo en 2017 se interpusieron 37.495 denuncias por maltrato a menores.
Según el director de Save the Children, Andrés Conde, “debemos cuantificar para que la sociedad tome conciencia de la situación” y conocer “quiénes son los que ejercen esa violencia” contra los niños y niñas.
