El Gobierno estudia acabar con las trabas a las personas con VIH o sida para acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma que el estado serológico de los aspirantes a la Policía Nacional o a la Guardia Civil no influya a la hora de obtener una plaza.
Se trata de una de las propuestas a incluir en el Plan Nacional sobre el Sida, aunque aún no se ha aprobado, según explicaron fuentes ministeriales. No obstante, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso hoy de relieve el papel de su Ministerio en la lucha contra la discriminación por VIH/Sida.
El Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, presentado este martes por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el titular de Interior, contempla que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como indicador de enfermedad infecto contagiosa.
Esto permitiría a las personas con el virus acceder a técnicas de reproducción asistida o a la adopción, además de “reducir el estigma social”. Y es que “el Gobierno está firmemente comprometido con la eliminación de todas las barreras para la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH”, declaró Carcedo.
El pacto, según la ministra, pretende “preservar y construir entornos que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con VIH”.
Por su parte, el ministro del Interior señaló que la lucha contra los prejuicios y el estigma “es una cuestión de carácter transversal en la que todas las administraciones e instituciones tenemos un papel que desarrollar”.
“Soy consciente de lo que nos corresponde para garantizar un ámbito social donde la igualdad de trato sea algo efectivo”, añadió Grande-Marlaska. Y es que sigue habiendo discriminación al “suscribir una hipoteca, un seguro o en el ámbito laboral”, dijo.
También apeló concretamente a la formación como instrumento para combatir esa situación, empezando por los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Es un objetivo prioritario de mi Ministerio”, subrayó el titular de Interior.
Y es que “cuando una persona sufre discriminación al primer lugar al que acude es a la Policía y ese profesional debe tener conocimiento y sensibilidad clara sobre los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico ofrece para combatir esa situación”.
