Ocho testigos han declarado esta tarde ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’. Siete de ellos son ciudadanos que acudieron a votar a varios centros durante la jornada del 1-O, quienes coincidieron en subrayar la actuación “desproporcionada” de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Por su parte, el director del Servicio Catalán de Salud, David Elvira, cifró el número de personas atendidas en octubre de 2017 en Cataluña en 1.066, de las cuales 991 fueron el 1-O y 75 los días posteriores.
El director del Servicio Catalán de Salud, David Elvira Martínez, responsable de coordinación asistencial de los atendidos el 1-O, declaró este martes ante el tribunal que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O. Durante su declaración, explicó que “las personas atendidas por los profesionales fueron 1.066, 991 el 1-O y 75 los días posteriores, incluyendo 12 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil”. Las asistencias mayoritarias respondieron a contusiones, pero también hubo crisis de ansiedad y algunas fracturas. De todas ellas, hubo cinco casos de gravedad por “traumatismos craneales, crisis hipertensivas, alguna infección en un globo ocular y un infarto”.
En cuanto a las estadísticas, recogidas en el informe de este día, “el 68% fueron hombres y el 32% mujeres” y “la franja mayoritaria de edad entre 41 y 65 años”. Elvira explicó que las cifras recogidas en el informe corresponden a las personas atendidas en los servicios públicos, por lo tanto si hubo heridos que acudieron a mutuas privadas, como es el caso de varios agentes que han relatado durante el juicio que fueron agredidos, no están contabilizados.
El departamento de salud, subrayó, “nunca puso en duda los datos de los profesionales de más de 92 centros que atendieron a los ciudadanos”. “Sí que nos consta”, continuó, “que alguien consideró la necesidad de tener más datos y creo que fue un buen ejercicio de transparencia trasmitir este informe a los ciudadanos”. Además, el director del Servicio Catalán de Salud aseguró que esta información la puso en conocimiento del Ministerio de Sanidad.
«NADIE AGREDIÓ A NINGÚN POLICÍA»
Durante la sesión de la tarde, también declararon siete votantes. La primera testigo de la sesión de tarde fue la senadora de ERC Laura Castel, quien aseguró que “en absoluto” impidieron la entrada de los policías en el IES Tarragona.
“A pesar de tener el material requisado, los antidisturbios no se fueron. A partir de un momento dado se oyen unos disparos, no tengo muy claro que tipo de munición utilizaron, se oyeron dos disparos y a partir de ese aviso la policía empezó a pegarnos indiscriminadamente, a mí me pegaron por detrás sin yo tener capacidad de respuesta, porque estaba haciendo fotos”.
Preguntada por la fiscal si conocía que la consulta era ilegal, apuntó: “ningún juez me aviso de que yo había perdido el derecho a voto, así que entendía que tenía derecho a votar”. A continuación, reconoció que conoció con anterioridad la existencia de las resoluciones del TC. Sin embargo, acudió a varios centros de votación ese día acompañando a concejales y alcaldes de ERC, porque “la gente tenía muchas ganas de autodeterminarse”.
A continuación declaró el diputado de ERC Jordi Salvador, quien explicó que en el IES Tarragona sufrió “golpes y cortes” por la actuación de la policía. “Yo nunca había visto una actuación así y he estado en muchas manifestaciones”. Sobre la actitud de las personas allí concentradas, aseguró que “en ningún momento” vio gente “pegando palos, ni cocteles molotov, ni nada… la gente no iba armada”, subrayó. “Es verdad que estaba indignada y oí insultos, pero en ningún momento vi ningún acto de violencia”. Asimismo, agregó, “no vi a nadie pegar a ningún policía”. A su juicio, la actuación policial fue “muy desproporcionada”.
Más tarde fue el turno de Jordina Carbó, presente en el Institut Pau Claris (Barcelona). Al poco de abrir el colegio, recordó, oyó gente gritando “somos gente de paz”, entonces se asomó a una ventana del centro y vio “como decenas de policías uniformados aparataban a la gente violentamente, con empujones, para hacerse paso”. Cuando los agentes accedieron al piso donde se encontraba la mesa electoral, explicó, “a un chico un agente lo agarró por el cuello de la camisa y lo tiró al suelo, también recuerdo a una chica embarazada que estaba en la pared, cuando un agente se dirigía hacia ella un chico se interpuso y lo tiraron al suelo”.
En este sentido, aseguró que ella gritaba “parad, parad, ya está” porque estaba “asustadísima”. “Todos los agentes no se comportaron igual”, apuntó, “los que llevaban los mazos y los cascos daban golpes desproporcionados e inexplicables”, pero “había otros con chalecos que miraban”. En cuanto a la policía autonómica, resaltó que cuando salió del colegio “los Mossos d’Esquadra hacían un cordón para que no entrara gente”.
Además, explicó que formó parte, voluntariamente, de la constitución de la mesa electoral, pero aseguró que desconocía quien llevó las urnas, “aparecieron, desde luego fue una sorpresa para mí”. En este sentido, agregó que desconocía que el TC había suspendido el referéndum, así como tampoco que existía un auto que ordenaba impedir su celebración.
Posteriormente, declaró Jordi Torrent, presente en un centro de votación en Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) el 1-O. El testigo explicó que primero llegó un grupo de una veintena de agentes de la Guardia Civil, pero “había mucha gente y no pudieron acceder”, así que más tarde llegaron cerca de 200. Fue entonces cuando “empezaron a pegar a la gente, a tirarlos al suelo, incluso, había un señor mayor que estaba paseando y lo tiraron al suelo”. Durante esta actuación, “nadie agredió a ningún policía, y yo estaba en un sitio preferente para ver todo lo que pasaba”.
También declaró como testigo Jordina Freixanet, quien acudió el 1-O al centro de votación de Alcarràs. Antes de que lo abriesen había cerca de 400 personas. Una vez abierto el centro, sobre las 9.20 horas, llegó la Guardia Civil, “yo ya estaba dentro y no vi todas las cargas, pero pude ver que la gente estaba recibiendo”. “Estuvieron allí media hora cargando, en ningún momento se medió palabra entre la Guardia Civil y la gente”. “Como anécdota”, apuntó, “para intentar pararlo hubo una persona que ondeó una bandera”. Además rechazó haber visto a ciudadanos golpeando a la policía, lo que sí que vio fue a “amigos a los que le rompieron la nariz, la muñeca, la camisa…”.
«EN ESTADO DE SHOCK LLAMÉ A EMERGENCIAS»
Otro de los testigos fue el alcalde de Fonollosa (Barcelona), Eloi Hernández, quien destacó que el 1-O el ambiente fue “festivo y pacífico”, ya que “la gente estaba muy ilusionada por ejercer su derecho a voto”. Estaba en su despacho cuando vio cómo llegaba la Guardia Civil, “parecía como un ejército que entraba a nuestro pueblo”. “Oí como pedían un responsable, la gente dijo que todos eran responsables y sin más empezaron a golpear”. En ese momento “había unas 15 o 20 personas”, recordó, “mayoritariamente con las manos alzadas”. “A un joven le rompieron la muñeca, una chica que estaba embarazada gritaba para evitar que le hicieran el daño que estaban haciendo a los demás”. Todo esto lo presenció con “asombro” porque la actuación policial era “desproporcionada”.
Una vez dentro del Ayuntamiento, los agentes “rompieron siete puertas, pero no encontraron ninguna urna, porque alguien las habían sacado, hecho que era conocido por ellos previamente, eso lo puedo afirmar porque vi como alguien se acercaba a ellos y unos cuantos se iban detrás de la Iglesia al lugar donde habían escondido las urnas”. A pesar de ello, continuó, “y es lo que no puedo llegar a comprender, la operación no paró, subieron al ayuntamiento, cuando sabían que la urna estaba fuera”. Este hecho, aclaró a preguntas de la Fiscalía, reconoció que lo conoció a posteriori cuando vio vídeos de ese día.
“Todo el mundo estaba muy asustado, la actitud, en principio, fue pacífica y pasiva, después empezaron a llorar y a chillar”, así que “en estado de shock llamé a emergencias para intentar que alguien nos ayudara por la sensación de ataque que estábamos viviendo. Había más agentes que vecinos”, en concreto, apuntó, “20 vecinos por 80 agentes de la Guardia Civil”, de modo que “no tenían intención de impedir su actuación”. El último de los votantes en declarar este martes fue Ramon Antoni Forteza, que estuvo en un centro de votación de Lleida, adonde intentó acceder diciendo que era abogado pero le golpearon. Posteriormente, tras acudir a su despacho a por su toga, volvió a intentar entrar “en ejercicio del derecho de defensa de las personas que estaban dentro detenidas”, pero se lo impidieron de nuevo.
En ese momento, vio que “había una mujer que estaba en el suelo y la estaban sacando de la puerta pateándola”, fue entonces cuando intentó protegerla, “pero fue una mala estrategia, porque me golpearon de nuevo”. En su opinión, los únicos que pegaron allí fueron los agentes de la Policía Nacional. Además, dijo haber acompañado a una señora a que fuera atendida por los servicios médicos.
