El BOE publica el real decreto ley que regula el fondo Covid-19 de 16.000 millones para las CCAA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto ley que regula la creación del fondo Covid-19 y el reparto de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas financien los gastos derivados de la pandemia, fundamentalmente en el sistema sanitario, un incremento en las partidas en educación y transporte, y compensar la pérdida de recaudación ocasionada por la caída de la actividad económica.

Se trata de un fondo no reembolsable, por lo que las comunidades no lo tendrán que devolver, ni les supondrá un incremento de su deuda, ni generará intereses.

Sobre el reparto y los tramos del fondo, 9.000 millones de euros corresponden a cubrir el gasto sanitario, de forma que más de la mitad se destina a combatir la pandemia.

De estos 9.000 millones, el primer pago, de 6.000 millones de euros, tendrá lugar en julio y su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos en UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Para ello, se tomarán los datos a fecha 30 de abril, aunque en el caso de Ceuta y Melilla se establece que recibirán un fondo fijo de 12 millones.

Los 3.000 millones restantes de esta parte sanitaria se transferirán en noviembre siguiendo los mismos criterios que en el tramo anterior, pero con diferentes ponderaciones, ya que se basarán en los ingresos en UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Para este tramo, la distribución se realizará en base a los datos actualizados a 31 de octubre y Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros.

El tramo correspondiente a cubrir gasto en educación contará con 2.000 millones de euros a transferir en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De esa cantidad, el 80% se distribuirá en función de la población de 0 a 16 años de cada autonomía, mientras que el 20% restante tendrá en cuenta la población de entre 17 y 24 años, al estar más dirigido a la educación universitaria. En este tramo, a Ceuta y Melilla les corresponderán 7 millones de euros.

Por último, el cuarto tramo estará dividido en dos partes. La primera, por 4.200 millones de euros, irá destinada a compensar la caída de recaudación y su reparto será en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la Agencia Tributaria a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica.

La segunda parte de este cuarto tramo dispondrá de 800 millones dirigidos al transporte para compensar a las autonomías que no han tenido viajeros pero mantuvieron abiertas las líneas regulares. De esta cantidad, el 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13% considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49% se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano. En este cuarto tramo no participarán las comunidades forales de País Vasco y Navarra.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que las comunidades con “más impacto” por la pandemia recibirán “mayor volumen» de recursos.

También explicó que el real decreto ley señala los ámbitos en los que priorizar los recursos del fondo, pero que «no está condicionado” y “no requiere ninguna cuestión a cambio”, por lo que aunque “el real decreto ley recoge los ámbitos que se deben priorizar en el uso de estos recursos, serán ellas las que tendrán que darle ese uso”. “El fondo no requiere justificación de facturas ni condicionalidad”, agregó.

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(SERVIMEDIA)