Juan Segarra, el abogado de Santi Vila, aseguró este miércoles que la Consejería de Empresa no realizó «ningún gasto» vinculado a la organización y convocatoria del referéndum y desvinculó al exconseller de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). «Dimitió frustrado por no haber conseguido una solución dialogada” entre el Gobierno y la Generalitat, aseguró.
Así se manifestó este miércoles Segarra durante la exposición de sus conclusiones finales ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’. El letrado advirtió de “aquellas grandes confusiones” en las que han incurrido las acusaciones durante el juicio. “Debe distinguirse la actividad parlamentaria, la actividad política del Gobierno de la Generalitat y las concentras competencias de cada una de las consejerías”.
A su juicio, “las acusaciones han pecado de inconcreción”. En especial, subrayó, en el caso del exconseller Santi Vila. “A finales de 2015 rehusó formar parte de la coalición de la que formó parte de su partido por ser contrario de su posicionamiento político moderado contrario a la vía unilateral”, recordó. “Vila reprobó públicamente la ley de transitoriedad jurídica” y “dimitió frustrado por no haber conseguido una solución dialogada” entre el Gobierno y la Generalitat.
Según defendió, “jurídicamente ninguno de los gastos se realiza sobre la base del acuerdo de Gobierno de julio de 2017 y ninguno lo realiza la Consejería de Empresa”. Además, resaltó, Vila creía que el referéndum se sufragaría con financiación privada, “como le dijo Carles Puigdemont”.
El exconseller de Empresa “ni conoció ni podía conocer la existencia de supuestos gastos en otras consejerías, porque estos supuestos gastos no existen”, continuó. “Lo dice el certificado de la intervención general de la Generalitat, lo dijo el exministro Montoro e incluso lo dijo Rajoy en sede parlamentaria. ¿En base a qué le atribuyen supuestos gastos a Vila? no existe ningún correo”. Además, el abogado recordó que Vila “dio instrucciones de no realizar ningún gasto en relación al referéndum y no ceder ningún local”. De hecho, añadió, “no consta ningún documento en el que Vila autorizase la utilización de algún local”.
Respecto al delito de desobediencia, el letrado defendió que Vila “cumplió con la ley y con el programa de Gobierno del que formaba parte”. Tras la suspensión del TC y los requerimientos personales del 12 de septiembre, “cumplió los requerimientos, se abstuvo de dictar resoluciones, acuerdos para la organización y celebración del referéndum”. Además, “promovió una lectura del 1-O como movilización ciudadana no vinculante”. Finalmente, “dimitió cuando conoció que el presidente no convocaba elecciones. Habrá quien se pregunte que por qué no dimitió antes si era una voz discordante: estaba convencido que hacía más falta dentro que fuera, convencido de que se alcanzaría un acuerdo e intentar paralizar aquellas iniciativas que defendían la declaración unilateral de independencia”.
Tras estas palabras, el letrado pidió la absolución de Vila para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.
