Compartir

Jordi Pina, el abogado de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, afirmó este martes que “el servicio postal de Unipost para el 1-O no se prestó, no hubo ninguna factura, ni obligación, ni compromiso de gasto, ni cargo a la Generalitat, no hay contratación por parte de la Generalitat, no hay pago” y así lo dijeron, recordó, los testigos de la acusación. Pese a ello, reprochó el letrado, la Fiscalía “lo mantiene en el escrito de conclusiones definitivas”.

Así se manifestó ante el tribunal que juzga el ‘procés’ el letrado de Turull y Rull en relación al delito de malversación. “No es verdad que ciudadanos recibieran cartas indicándoles que iban a ser presidentes o lo que sea en la mesa. Si hubiera sido así, ¿ustedes no creen que la Fiscalía hubiese aportado la carta?”, afirmó.

En concentro, sobre la relación de sus defendidos con este delito, explicó que Rull “no tiene específicamente ningún gasto” que se le pueda atribuir. Sobre Turull, se mostró “sorprendido” de que el Ministerio Público atribuya una “autoría adhesiva” al exconseller de Presidencia y portavoz del entonces Gobierno de la Generalitat sobre el delito de malversación, ya que con anterioridad al 14 de julio de 2017 Turull no ocupaba estos cargos. Además, apuntó, la anterior consellera Neus Munté “no ha sido ni llamada al procedimiento”, es decir, agregó, “a la autoría principal ni tan siquiera se le hace reproche penal”.

Durante su intervención, Pina mencionó el acuerdo de 6 de septiembre de 2017 por el que, según la acusación, los miembros de aquel Govern asumían la responsabilidad solidaria sobre los gastos relativos al referéndum. “Es un acuerdo político o llámelo como quiera, pero eso no hace partícipe a todos los miembros del Govern”. Según el letrado, la actuación del Ministerio Público “demuestra que ese acuerdo es papel mojado, porque no hay ningún gasto de la administración con posterioridad al 6 de septiembre, y ese acuerdo habla de toma de decisiones colegiadas con efectos futuro”.

“SIMPLEMENTE, NO HAY NINGÚN GASTO”

En este sentido, subrayó, si el acuerdo tuviera los efectos procesales y jurídicos que la Fiscalía proclama “imputaría a todos los funcionarios del Govern el delito de malversación y a cada conseller lo suyo con anterioridad a dicho acuerdo”, pero esto no sucede, recordó. Además, remarcó que la cuantía de fondos públicos destinados al CTTI “no han podido ser concentrados, simplemente porque no hay ningún gasto”. En último lugar, en relación a este delito, Pina afirmó que “nadie cuestionó en su momento la campaña en el exterior de la Generalitat” y que “el anuncio de las vías del tren no tiene nada que ver con la campaña de Civisme”. “No es cierto”, repitió varias veces, lo expuesto por la fiscalía sobre este asunto durante el juicio.