Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, afirmó este martes durante la celebración del juicio por el proceso independentista de Cataluña que un “ejemplo clarísimo” del delito de rebelión fue el 23-F, “esto está muy lejos de lo que ha ocurrido en Cataluña”.
Lo dijo durante la primera jornada del juicio por el proceso independentista de Cataluña que tiene lugar en el Tribunal Supremo. El abogado de la exconsejera de Trabajo manifestó que “violencia es violencia, y no es otra cosa”. En este sentido, Bergés señaló que delito de rebelión fue lo sucedido durante el 23-F, “esto está muy lejos de lo que ha ocurrido en Cataluña”, indicó, pues “no es rebelión perseguir la sedición, ni es rebelión concentrarse o manifestarse contra el sistema constitucional”.
Asimismo, sobre la situación procesal de su defendida, en prisión provisional, Bergés manifestó que el tribunal basó su fundamento de ingreso en “la alta penalidad de la rebelión y el soporte internacional”, con el que contaba la exconsejera.
Sobre el delito de rebelión, el abogado recordó al Alto Tribunal que el “Tribunal Constitucional y el TEDH prohíben que la prisión provisional se puedan justificar en la gravedad del delito”. Respecto al “supuesto soporte internacional”, Bergés afirmó que “no tiene justificación” porque “la conducta de terceros no puede justificar su prisión. Atenta contra el derecho de responsabilidad por el hecho propio”, subrayó. Por tanto, continuó, Bassa “ingresó en prisión por sospechas, porque la realidad y los datos objetivos es que cumplió mientras estuvo en libertad provisional con todas las condiciones impuestas y en ningún caso intentó huir atendiendo a todos los llamamientos”.
Por otro lado, el defensor de Bassa criticó que la acusación se haya fundamentado «casi en su totalidad» en las diligencias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona y por las de la Guardia Civil. «La mayoría de las prubeas que configuran la carga probatoria en este procedimiento se han obtenido a espaldas de los acusados», indicó, «lo que afecta al derecho de defensa, pues que al no ser parte del procimiento que se tramite en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona no hemos podido intevenir en esa práctica que hoy es prueba en este procedimiento». En cambio, agregó, el «Ministerio Fiscal sí que ha tenido esa visión de conjunto, sacrificando el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas».
«Esta manera de instruir -continuó- no nos permite cuestionar el control de garantías llevado a cabo fuera de este proceidmiento para obtener lo que hoy es prueba», así como «tampoco hemos podido cuestionar el juicio de pertinencia», ya que, según el defensor de Bassa «el instrucitor lo que hizo fue delegar la decisión sobre las diligencias pertinentes a practicar en la Guardia Civil, y sosbre eso nosotros como defensa no hemos podido decir nada». Esta circunstancia, agregó, «excede las funciones de la policía, ya que debe limitarse exclusivamente al acopio de pruebas».
Además, Bergés reiteró la petición de dos documentos, que calificó como «clave respecto al delito de malversación por el que es acusada Bassa». El primero de ellos, el informe de la intervención general del Estado fechado el 28 de octubre de 2018 y el informe del departamento de Economía de la Generalitat que «aclara que ningún departamento asumió coste alguno por la celebración del referéndum del 1-O».
