Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha arremetido este martes duramente contra la Fiscalía en la primera jornada del juicio por el proceso independentista que tiene lugar en el Tribunal Supremo por “criminalizar» las movilizaciones populares a favor de la independencia y aseguró que su representado se sienta en el banquillo por buscar “adhesiones” a su causa, por abrir una página web y, en suma, por “actos de manifestaciones pacíficas”.
El letrado denunció la vulneración del derecho fundamental de reunión y de la libertad de expresión y contrapuso la defensa de estos derechos fundamentales, reconocidos por todas las legislaciones democráticas, a la preservación de la unidad territorial que, dijo, en ningún caso es un derecho fundamental. “No existe ningún derecho a la integridad territorial”, sentenció antes de preguntarse si “hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la unidad territorial”.
El abogado insistió en que los hechos por los que se acusa a Jordi Cuixart se derivan del “ejercicio de derechos fundamentales” y en ese sentido ha preguntado: «¿Buscar la adhesión a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo? Nosotros creemos que no».
«No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. (…) Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a convocar manifestaciones pacíficas», dijo Salellas, mientras que «50 páginas del escrito de acusación del fiscal se dedican a hablar de actos de manifestaciones pacíficas».
Por todo ello, el abogado solicitó «expulsar de los escritos de acusación elementos vulneradores de derechos fundamentales» porque «empezar un juicio en el que el único debate es el ejercicio de derechos fundamentales puede constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o contra los derechos fundamentales”. Con esas actitudes, señaló, “se desincentiva a la ciudadanía a ejercerlos y se vacía el sistema democrático».
Además, el letrado que representa al presidente de Òmnium Cultural impugnó la acusación de la Abogacía del Estado contra su cliente, que no está acusado de malversación, y pidió expresamente al tribunal que restrinja esa acusación «estrictamente a los delitos por los que es perjudicada o víctima», es decir, la malversación y no se extienda al delito de sedición que también imputa a Cuixart.
El abogado destacó asimismo el perjuicio que puede producir a su defendido el ser juzgado en el Tribunal Supremo sin haber sido nunca aforado y, por tanto, dejar cercenado su derecho a una segunda instancia.
Como otros abogados, que se han dirigido al tribunal antes que él, resaltó la importancia de disponer de la prueba documental antes del inicio de las declaraciones para no incurrir en indefensión. El letrado aseguró que no está interesado en que se suspenda o aplace el juicio, por lo que sugirió una “solución” consistente en reservar la posibilidad de incorporar nueva prueba cuando se conozcan todos los documentos o la de pedir la suspensión de una prueba testifical si no hubiera llegado la documental completa.
El defensor de Cuixart concluyó que «este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar. Si empieza entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos».
