Detenido en Burgos un criador de perros por un delito de maltrato animal

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Chenilbur’, ha detenido en la provincia de Burgos a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal, por no proporcionar los cuidados necesarios a varios de sus perros.

Según informó la Guardia Civil, agentes del Seprona inspeccionaron un criadero de perros para comprobar el estado de sus instalaciones y verificar que se cumplían las debidas condiciones higiénico sanitarias y de bienestar animal exigibles conforme a la normativa, vacunación, implantes de microchip y razas potencialmente peligrosas.

El centro presentaba una suciedad generalizada, deposiciones acumuladas sin retirar junto con restos de comida por el suelo, además de una plaga de parásitos que comprometía la salud de muchos de los animales. Las distintas perreras, donde se acumulaba escombro y material de construcción, estaban construidas con malla metálica, suponiendo un peligro, por riesgo de ahogamiento, para la salud de los canes, y carecían de protección adecuada contra la lluvia, de zonas de sombra y cobijo, quedando expuestos los animales a temperaturas extremas.

Además, la licencia ambiental con la que contaba le autorizaba la tenencia de 75 animales. Sin embargo, en presencia del propietario se comprobó que residían 97 ejemplares adultos y 50 cachorros, todos ellos de diferentes razas, alguna de ella peligrosa, y compartían habitáculo.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO URGENTE

Muchos perros presentaban enfermedades cutáneas, uno de ellos una evidente tumoración abdominal sin tratamiento veterinario; la mayoría con extrema delgadez y deshidratación, siendo la nota predominante la suciedad.

Se ha comprobado la deficiente alimentación a base de pan y pienso y la falta de agua potable. Los análisis efectuados a los perros evidenciaban graves anemias, confirmando la mala praxis del profesional. Le han sido retirados al criador cuatro perros para un diagnóstico y tratamiento urgente por una clínica veterinaria.

Los agentes han solicitado al juzgado correspondiente la retirada de la propiedad de todos los canes, además de la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que guarde relación con animales y la clausura de la instalación y la revocación de la licencia ambiental concedida.