David Fernández (CUP) reivindica el 1-O como acto de desobediencia civil y dice que mientras la autodeterminación sea delito será “culpable y reincidente”

El exdiputado de la CUP David Fernández declaró este jueves en el juicio por el `procés´ y ante la sala reivindicó el 1-O como “el mayor acto de desobediencia civil ocurrido en Europa en los últimos siglos”. Insistió, además, en que “mientras la autodeterminación sea delito, yo seré culpable y reincidente”.

Fernández estuvo presente en el intento de registro de la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Al inicio de su declaración explicó que ha sido procesado en tres ocasiones. Sólo en dos resultó condenado, por negarse a cumplir el servicio militar y por tirar pintura ante el consulado de Perú en una protesta.

Preguntado por el abogado Benet Salellas, explicó que durante el intento de registro en la CUP la actitud de los manifestantes que se concentraron fue “pacífica y severamente indignada», y al llegar a la sede de su formación política «me impidieron entrar sin ninguna justificación». Había varios agentes de información que estaban “encapuchados” y que permanecieron allí horas, según explicó.

Dentro de esa actitud pacifista, Fernández explicó que sus propios compañeros de partido hicieron un cordón y él en persona participó “en labores para ayudar a la Policía Nacional para que sacara los coches de delante de la sede de la CUP. Mostré al mando de la Policía que dentro de la sede no había nadie» .

«Los coches se situaron detrás del cordón policial. Cuando les pedimos la orden judicial, el mando no nos dio ninguna información” durante las “ocho horas de cerco policial” de la CUP, dijo. Los agentes se llevaron carteles propagandísticos de la formación que no eran relativos al referéndum y “40 sombreros de paja”. Durante todo ese tiempo “la manifestación fue deliberadamente pacífica y no violenta», aseguró.

Estos hechos no están siendo investigados en este juicio, pero las defensas tratan con ello de poner en entredicho la actuación policial en esos días. El testigo aseguró que el intento de registro de la sede de la CUP y la requisa de material electoral “sin orden judicial” fue “anómala”.

En relación ya con el 1-O, Fernández aseguró que participó “tanto como pude en la preparación del referéndum», que bajo su punto de vista fue “el mayor acto de desobediencia civil en Europa, al menos durante los últimos siglos”.

En ese sentido, relató que bajo el paraguas de la iniciativa `En peu de pau´ (‘En pie de paz’) se quería poner en valor ese acto de “desobediencia pacífica”. Aseguró que al realizar todos estos actos era “absolutamente consciente” de la prohibición de la consulta por el Tribunal Constitucional y “la desobedecí a conciencia”. De hecho, dijo, «mientras la autodeterminación sea delito, seré culpable y reincidente».

Explicó también que `En peu de pau´ “promovía y extendía esa cultura no violenta, a través de talleres de formación sobre lo que significa la no violencia». En estos cursos se formaron miles de personas integradas en los CDR. “Fuimos por toda Cataluña», aseguró Fernández.

El exdiputado de la CUP relató que pasó la noche previa al referéndum en uno de los centros de votación, en el barrio del Clot de Barcelona, donde estuvo hasta que concluyó el recuento. El testigo explicó que para impedir que los Mossos impidieran la votación «formamos un muro humano de unas 350 personas. La gente también se sentó en las escaleras en silencio, pacíficamente. A mí me tocó interlocutar con los tres binomios. Me dijeron que tenían que entrar a retirar las urnas, y les dije que no podrían, que la realidad era la que era y que la gente pacíficamente impediría ese acceso».

El último en preguntar a Fernández fue el abogado de Vox. El exdiputado pidió al tribunal aclaración sobre la validez de su testimonio en caso de negarse a responder a las preguntas de este partido que está ejerciendo la acusación popular. El juez Manuel Marchena le aclaró su obligación de responder y le apercibió de que en caso de negarse eso tendría consecuencias, por lo que el exparlamentario decidió responder por el «imperativo legal y moral» de no poner en peligro la validez de su declaración.