BBVA reiteró este viernes su “compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia en el caso Cenyt”, y reclamó a la vez “dejar que haga su trabajo sin precipitación ni juicios paralelos”.
Así lo indica la entidad en una actualización de la información volcada en el ‘site’ abierto en su web sobre el ‘caso Villarejo’ a fin de transparentar sus actuaciones en estas investigaciones y donde reitera que “seguirá actuando con total determinación y diligencia” para colaborar con la Justicia en el llamado ‘Caso Villarejo’.
“La investigación fundamental, la que prevalece sobre cualquier iniciativa, y la que debe esclarecer lo sucedido, es la de la Audiencia Nacional”, subraya, a la vez que vuelve a defender que los miembros actuales de su consejo de administración “no tienen conexión alguna con el caso” ni se deriva responsabilidad alguna de los hechos para BBVA.
En su relato de los hechos refiere que tuvo noticia de la investigación en febrero de 2019 después de que varios medios relacionasen a BBVA con Cenyt, empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, y “desde el comienzo” ha sido una cuestión tratada “de manera recurrente por los órganos sociales de la entidad” –en el consejo de administración “en pleno” y en sus comisiones competentes sobre tal materia-.
“Estos órganos han fijado desde el principio como prioridad la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, y han impulsado y supervisado los procesos de investigación interna”, sostiene.
Por la parte de la investigación recuerda que su bufete Garrigues y Uría contrató a PwC el 25 de enero de 2019 para la realización de un análisis ‘forensic’ que rastreó y recabó documentación de los últimos 15 años en formato físico y digital “siguiendo la metodología estándar que se aplica en este tipo de investigaciones” y que “garantiza la inmodificabilidad de la base documental, así como la trazabilidad y la comprobación posterior por un tercero de las búsquedas realizadas”.
Según el banco, las líneas originales de esa investigación finalizaron en julio de 2019, abrieron otras que también han concluido y “a futuro podrían todavía iniciarse nuevas líneas mientras la instrucción judicial siga en curso”, ya que el propio juzgado ha ido requiriendo nuevas investigaciones, “valiéndose de la metodología de PwC y la base documental recopilada en el proceso”.
Fruto de esos análisis la entidad indica que recabó y envió a la Audiencia Nacional “más de 8.300 ficheros, que superarían en papel los 100.000 folios” a través de 24 escritos con la información cribada por el análisis ‘forensic’.
En paralelo reconoce que su consejo de administración efectuó una evaluación de “la actuación de todas las personas que habían estado presuntamente involucradas en la relación con Cenyt y que seguían siendo empleados del banco, lo que ya se ha efectuado y ha llevado a la adopción de las medidas correspondientes”, y cambios en su estructura y en sus modelos de control de riesgos.
Entre los cambios ha reforzado “la independencia de las áreas de control” (‘Internal Control & Regulation’ y Auditoría Interna) estableciendo un reporte directo de sus responsables al consejo de administración, a través de sus correspondientes comisiones; ha redistribuido las funciones entre algunas comisiones del consejo concentrando las responsabilidades en la comisión de Riesgos y Cumplimiento y en la Comisión de Auditoría.
De forma adicional indica que ha aprobado nuevas políticas y mejoras en los procesos de subcontratación y compras (homologación de proveedores, verificación y validación de la recepción de bienes y servicios, y proceso de autorización y pago de facturas), y “se ha continuado reforzando el modelo de prevención de delitos asegurando que se nutre de todas las mejoras en el modelo de control interno”.
(SERVIMEDIA)
