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El Santander ha planteado este martes a los sindicatos su intención de prescindir de algo más de 3.700 empleados y 1.150 sucursales en España, lo que equivaldría a ajustar la plantilla en un 11,4% y echar el cierre al 26% de sus actuales oficinas.

La propuesta la ha formulado la dirección de la entidad en la reunión donde ha constituido, junto a los sindicatos, la comisión que tendrá que negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado para adecuar la red tras absorber el Banco Popular.

La reestructuración afectará principalmente a la red comercial y a sus estructuras intermedias de apoyo, además de a los servicios centrales “en la medida de que se reduce la red a la que da soporte”, indicó CCOO en una nota.

El banco plantea los ajustes para racionalizar solapamientos, redundancias y duplicidades existentes, una vez concluida la integración tecnológica del Popular y la red del Santander en España.

A finales de marzo, la franquicia española del grupo cántabro contaba con 4.366 sucursales y 32.366 empleados, conforme al detalle de datos recogido en el informe financiero. Con esta red gestionaba unos 209.600 millones de euros en créditos y 324.900 millones en recursos de clientes, equivalente a un 17,3 y 18% de cuota de mercado.

Para CCOO, es “altamente preocupante” la cifra tan elevada de “destrucción” de puestos de trabajo, que considera “sobredimensionada” y alerta del riesgo de exclusión financiera que, a su juicio, puede conllevar tantos cierres de oficinas.

Por eso fija como su prioridad bajar el número de afectados, además de exigir al banco que “renuncie a cualquier tipo de medias de naturaleza traumática” primando la voluntariedad en las adscripciones con una dotación “suficiente de recursos”

El sindicato considera que el banco no deberá plantear condiciones de desvinculación diferentes a las ya negociadas en el pasado para los ajustes aplicados en el centro corporativo y en servicios centrales. Por otro lado, demanda “explorar” posibles recolocaciones en el perímetro del grupo con el objetivo de que la destrucción de empleo sea la menor posible.