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Amnistía Internacional (AI) alertó este martes de la “reciente tendencia” del Gobierno español a aplicar el acuerdo entre España y Marruecos de 1992 que permite devolver a personas migrantes y posibles refugiadas al país norteafricano que, a juicio de la organización de derechos humanos, “no es lugar seguro para estas personas”.

AI indicó que el procedimiento de devolución se lleva a cabo con una celeridad tal que plantea serias dudas sobre si se están garantizando los derechos humanos de estas personas y destacó que desde el pasado mes de agosto se ha devuelto de manera ‘exprés’ desde España a Marruecos a 195 migrantes y posibles refugiados, 79 de ellos el pasado fin de semana.

“Debido a la celeridad con que se han llevado a cabo estas devoluciones, nuevamente nos preocupa que no se hayan asegurado los procedimientos individualizados y con todas las garantías, tales como una asistencia letrada y de intérprete de calidad, identificación de posibles solicitantes, menores o colectivos con necesidades específicas como personas LGBTI, etc., incumpliendo así con sus obligaciones internacionales”, apuntó en un comunicado Esteban Beltrán, director de AI España.

El pasado día 19 de octubre, un grupo de 4 mujeres y 26 hombres fueron interceptados en Chafarinas por la Guardia Civil y llevados a la comisaría a Melilla. Los varones (24 adultos y dos menores) fueron devueltos a Marruecos salvo las cuatro mujeres, finalmente consideradas por las autoridades como posibles víctimas de trata.

Por otro lado, Amnistía destacó que 33 letrados asistieron a las 195 personas a las que se les había notificado un procedimiento de devolución tras su entrada en Melilla este domingo. Cada letrado habría atendido en torno a seis personas en entrevistas demasiado breves, de apenas unos minutos de duración, con ausencia de traductores en lengua nativa y en las que habría habido una gran dificultad para prestar una asistencia letrada de calidad, tal y como aseguran algunos de los abogados que les han atendido.

Además, como también ha denunciado el Colegio de Abogados de Melilla, no se permitió tramitar apoderamientos ‘apud acta’ que permitiesen a los letrados ejercitar acciones judiciales con independencia de que estas personas no se encontraran en territorio español.

De las 195 personas contra las que se han abierto procedimientos de devolución desde el pasado agosto, por el momento 55 de ellas han sido expulsadas a Marruecos aplicando el Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos, y se encontrarían en una comisaría de policía en Nador.

SUSPENSIÓN DEL ACUERDO

Amnistía Internacional ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno español que suspenda el acuerdo de readmisión con Marruecos en materia de control migratorio hasta que se revise y se garantice que este país respeta plenamente los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que se encuentran en su territorio, además de considerar que el acuerdo no incluye garantías para que las personas no sean expulsadas desde Marruecos a países donde sus derechos humanos corran riesgos.

AI subrayó que España podría incumplir también el principio de no devolución con las expulsiones ‘exprés’ porque “existe el riesgo de que las personas expulsadas a Marruecos puedan sufrir violaciones de derechos humanos en territorio marroquí, en el país de origen si son devueltas o bien en el país donde hubieran comenzado el viaje”.

“Lo hemos denunciado durante décadas: Marruecos no es país seguro para las personas migrantes y refugiadas. Entre otras violaciones de derechos humanos, hemos documentado cómo la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real y las fuerzas auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en las barriadas donde viven personas refugiadas y migrantes y se calcula que desde el mes de julio de este año unas 5.000 personas podrían estar siendo abandonadas a zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o el sur del país”, concluyó.