La presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), que representa a más de 200 residencias privadas de mayores de la región, Pilar Ramos, ha explicado este viernes que vivieron «un estado de guerra» en los centros en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y que fueron «maltratados» por las administraciones públicas y criminalizados por la sociedad y los medios de comunicación.
«Nos hemos sentido maltratados porque todo el mundo nos ha juzgado como si fuéramos asesinos, los medios y la sociedad y eso no es justo. A los políticos los meto en sociedad», ha apuntado la interviniente, que también ha criticado aquellas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robleas, en las que decía que los militares de la UME encontraban cuerpos en las residencias, ya que ellos «eran los primeros interesados» en que los retiraran las funerarias.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, Ramos ha manifestado que al principio la pandemia les pilló a todos «desprevenidos» y que las instituciones «se olvidaron de los mayores, los más vulnerables», ya que se «priorizaron» los recursos, medios y personal a los hospitales y no tanto a los geriátricos.
«Nos reunimos con Sanidad y Servicios Sociales antes del estado de alarma y se manifestó que la situación era de estado de guerra y que había que ser conscientes de que se trataba de una política de guerra. Durante esos 15 a 20 días los hospitales colapsaron y pagamos ambulancias privadas para derivar a hospitales privados a través de contactos o como podíamos», ha indicado la compareciente.
Ramos ha confirmado que les llegaron protocolos de no derivación a hospitales de residentes con determinadas patologías o dependencias y considera que todas las personas tienen derecho al tratamiento sanitario en todos los momentos de su vida, algo que a entender «no depende de la edad ni que tenga Alzheimer».
La presidenta de esta patronal de geriátricos ha señalado que algunos residentes enfermos de Covid acabaron en el hospital de Ifema y unas 70 personas se derivaron a otros centros para ayudar a la sectorización. «Algunos llegaron a morir sin saberse ni como se llamaban. Muchos mayores estuvieron en Ifema deambulando porque tenían Alzheimer. No sé si es más digno o menos digno, yo no me atrevo a decir eso», ha dicho.
La coordinación entre Atención Primaria y las residencias, según ha explicado Ramos, fue al principio «un desastre» porque los ambulatorios estaban cerrados. Sufrieron una baja del personal de un 30 por ciento y al principio sin equipos de protección individual (epis), que más adelante les aportó la Comunidad de Madrid.
«Parecíamos traficantes de droga. Era vergonzoso. Yo compré material e iba con el coche rogando que no me parara la Guardia Civil porque me iba a confiscar un material que necesita un centro. Nos hemos sentido de segunda clase. Cuando veíamos grandes titulares que estaba llegando material los hospitales y se aplaudía a los hospitales, a nosotros no nos llegaba nada. Todo estaba parado en las aduanas porque era prioritario para los hospitales», ha relatado.
La presidenta de AMADE ha detallado que hasta que se les consideró como servicio esencial a finales de marzo no pudieron comprar EPIs. De hecho, le constan requisamientos de material en sus almacenes «con facturas pagadas», así como la paralización de material de aduanas, «con un pedido muy grande que nunca llegó».
«NECESITÁBAMOS MÁS MANOS, PERSONAL Y SOLUCIONES RÁPIDAS»
Pilar Ramos también ha reconocido que durante esas primeras semanas de pandemia hubo desinformación a los familiares de los usuarios de los geriátricos porque no tenían tiempo para responder al teléfono con todo lo que estaban pasando. Y también por el cierre a visitas de los centros, algo a lo que reaccionaron de forma «visceralmente» en contra los familiares.
Al igual que señaló en la primera comparecencia de la sesión de hoy de la comisión la directora de la residencia Amavir Alcorcón, la presidenta de AMADE ha destacado que recibían protocolos y llamadas diarias de inspectores para que apuntaran los datos de cada centro, pero que ellos lo que necesitaban eran «manos, personal y soluciones rápidas» y eso «no lo han tenido».
Igualmente, ha agradecido el trabajo de la UME por ayudarles a desinfectar y a sectorizar, pero no tanto el desarrollado por la Consejería de Políticas Sociales para ofrecerles bolsas de empleo que cubrieron la ausencia de personal que sufrían, ya que ofrecían «médicos jubilados que cuando llamabas o ya estaban contratados o no les interesaba» el puesto de trabajo.
Tampoco cree que fuera efectiva la intervención de algunas residencias por parte de la Comunidad porque se pusieron al frente funcionarios directores de centros de día que, a su juicio, desconocían el funcionamiento de un geriátrico. «Nos acompañaron, sí, con canal más directo, pero solo eran visitas de unas pocas horas, no el día completo», ha expuesto.
No obstante, Pilar Ramos considera que «todo el mundo intentó dar lo que pudo e hizo lo que pudo» y que siempre han recibido apoyo tanto del exconsejero Alberto Reyero como del entonces viceconsejero Javier Luengo.
Por último, la compareciente en la comisión ha aplaudido el trabajo de personas anónimas y entidades asociativas que les han donado batas y mascarillas a doquier y a los trabajadores por su labor tantas horas dedicadas a cuidar a los ancianos.
Profundamente emocionada, y entre lloros, Pilar Ramos ha repetido que la situación que vivieron en el punto álgido de la pandemia en las residencias fue «como un guerra», llorando porque no podían salvar más vidas. «Nos acusaron de esconder cadáveres, pero nosotros solo queríamos que los recogieran porque esas personas son parte de nuestra familia, porque en las residencias se hacen familias», ha concluido.
