El Consejo de Ministros aprobó este viernes los dos proyectos de ley que desarrollan los impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas digitales, dos tributos de nuevo cuño que para entrar en vigor requieren ser aprobados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado y que ahora deberán ser tramitados en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que el objetivo con la creación de ambos impuestos es la “equidad”. Así, sobre el impuesto a las transacciones financieras la ministra portavoz recordó que se trata de un tributo sobre el que 10 países de la UE ya trabajaban desde 2013 y que Francia e Italia ya han implantado.
En este sentido, Celaá explicó que en España la implantación de este impuesto “sigue el modelo francés”, de forma que grave con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
El proyecto de Presupuestos de 2019 aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada y remitido el lunes al Congreso de los Diputados prevé una recaudación de 850 millones de euros con este impuesto, que irá destinada íntegramente a financiar a la Seguridad Social.
En concreto, se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, por lo que Celaá aseguró que se trata de “empresas muy potentes”, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
GRANDES DIGITALES
Sobre el impuesto a determinados servicios digitales, Celaá explicó que se establece un gravamen sobre actividades que hasta ahora no tributaban en España, dando lugar “a plataformas que trabajaban de manera privilegiada, proporcionando una gran desventaja a otros comercios y actividades que tenían que pagar sus impuestos”, por lo que existía “competencia desleal”.
Asimismo, indicó que, a pesar de que la UE lleva años estudiando la creación de este impuesto, “España se convierte en el primer país de la UE que adapta la tributación a los nuevos modelos de negocio digital”. “Se trata de que las empresas tributen allí donde están generando beneficios”, afirmó Celaá.
Este nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas, conocido como ‘tasa Google’, gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España.
Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
La estimación de recaudación detallada en el proyecto presupuestario prevé unos ingresos de 1.200 millones de euros con este impuesto, cifra que el Gobierno socialista considera “prudente” en comparación con las previsiones manejadas por el anterior Ejecutivo del PP.
