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El PP solicitó este jueves que la fiscal general del Estado, María José Segarra, explique si su institución va a “velar por el cumplimiento de las sentencias que ordenan el mantenimiento de la neutralidad en los espacios públicos” catalanes, en referencia a la polémica sobre los lazos amarillos.

Según informó el PP, su portavoz adjunta en el Congreso, María Jesús Bonilla, defendió que “los espacios públicos sean espacios de convivencia” y, por tanto, rechazó que se usen “de manera indebida, partidista, realizando actos de propaganda secesionista y anticonstitucionalista”.

Este lunes, Segarra declaró públicamente que no cree que haya delito alguno ni en quitar ni en poner” lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que “forma parte de la libertad de expresión”.

Ante las declaraciones sobre la colocación y retirada de los lazos amarillos en Cataluña, el PP quiere que Segarra diga si “el Ministerio Público va a velar por el cumplimiento de las sentencias que ordenan el mantenimiento de la neutralidad en los espacios públicos”.

El PP quiere que acuda al Congreso la fiscal general del Estado como como máximo representante del Ministerio Público, organismo autónomo del Estado, que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos.

OPINIÓN DEL GOBIERNO

Además, el PP ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno con el objeto de que se informe sobre su posicionamiento en este tema y digan “si creen que los ciudadanos que retiran los lazos amarillos de los lugares públicos incumplen la ley”.

Los populares también quieren que el Ejecutivo diga si piensa “garantizar la neutralidad en los espacios público, que son de todos”. Además, preguntan al Gobierno “si está exento de autorización colocar símbolos independentistas (lazos amarillos), en los espacios públicos”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular quieren saber “si se considera el Estado responsable de no hacer cumplir el contenido de la sentencia que ordena el mantenimiento de la neutralidad en los espacios públicos” y si “cree el Gobierno que es legal colocar símbolos en espacios públicos”.

En definitiva, se interesan por si “considera el Gobierno que tiene que permitir, sin autorización, poner todo tipo de símbolos en los espacios públicos”, “por qué el Gobierno no garantiza la neutralidad en los espacios públicos” y “si considera el Ejecutivo que retirar un lazo amarillo general un daño en el dominio público”.