Compartir

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José Vargas, anunció este viernes que su entidad estudia pedir la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la causa que instruye el juez Fernando Andreu sobre los atentados yihadistas del 17-A por no instalar bolardos en Las Ramblas, algo que había aconsejado el Ministerio de Interior.

“El Ministerio de Interior había recomendado esta medida de seguridad”, recordó Vargas, según informa 'OkDiario'. “Después de que las autoridades españolas y los Mossos d'Esquadra recibieran una alerta de que existía un serio riesgo de atentado yihadista, concretamente en Las Ramblas de Barcelona, pero la alcaldesa se negó afirmando que Barcelona es una ciudad segura”, explicó Vargas.

El presidente de Acvot considera que “quizá es hora de exigir responsabilidades penales a Colau por no haber adoptado esta medida de protección, que podría haber salvado muchas vidas”.

El diario digital también recoge que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señaló la responsabilidad de Colau por negarse a colocar balizas para proteger el recorrido de Las Ramblas. “La alcaldesa Ada Colau”, afirmó el sindicato en un comunicado, “conocía, no sólo por su propia Guardia Urbana, sino por el propio Ministerio de Interior, la necesidad de poner bolardos u otros elementos de protección en zonas de riesgo por la posible comisión de un atentado yihadista”.

“MEDIDAS OPORTUNAS”

“De haber tomado las medidas oportunas”, añade CSIF, “las víctimas de Las Ramblas no se hubiesen producido, por lo menos en ese lugar, que todos sabíamos que era sensible. El tiempo nos ha dado la razón, y ahora hay medidas de seguridad”.

Con motivo del aniversario de los atentados de Las Ramblas y Cambrils, el sindicato de funcionarios se sumó a las muestras de homenaje a las víctimas y expresó su reconocimiento por “la labor que desarrollaron todos los servicios de seguridad y emergencias para salvar vidas y atender a las víctimas en aquellas trágicas horas”.

Asimismo, el CSIF lamenta que “un año después del atroz atentado yihadista, la seguridad de Barcelona sigue gravemente comprometida”. El sindicato considera que los medios de la Guardia Urbana deben mejorarse con “armas largas, taser y lanzadoras” y su plantilla ha de incrementarse en cerca de un millar de agentes, desde los 2.900 actuales hasta los 3.800.

Además, CSIF señaló que “deben garantizarse las medidas de seguridad interior y exterior de las comisarías” y sus agentes deben recibir “una formación adecuada en los ámbitos de asistencia sanitaria, reacción policial y prevención”. El CSIF se muestra además partidario de que la Guardia Urbana cuente con canes adiestrados para la detección de explosivos, con el fin de anticiparse a situaciones de riesgo como la vivida hace un año.