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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró este miércoles que el traslado de los etarras Olga Sanz y Javier Moreno de una cárcel asturiana a la prisión de Basauri “es un hecho puntual que responde a un cambio en su régimen penitenciario”.

Así lo afirmó en declaraciones a Antena 3 recogidas por Servimedia, donde comentó que no se trata de rebajar la política penitenciaria ni de un primer gesto hacia el Partido Nacionalista Vasco en respuesta a su apoyo parlamentario.

Batet indicó que en este caso se trata de dos presos a los que ya se les comunicó en febrero, con el Gobierno del Partido Popular, que iban a recibir el tercer grado porque “cumplían con todos los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico, así que ese traslado responde simplemente a que ha cambiado su régimen penitenciario”.

La responsable del Ministerio de Política Territorial recalcó que dicha medida responde a una cuestión objetiva, ya que “cambia el régimen penitenciario, se adquiere el tercer grado y se obtiene este acercamiento”. Por ello, “se trata de un caso concreto que responde exclusivamente a esta cuestión”, apostilló.

ENTIENDE A ITURGAIZ

Respecto a las críticas de Carlos Iturgaiz, uno de los políticos a los que estos dos etarras pretendieron asesinar junto con Juan María Atutxa, la ministra de Política Territorial y Función Pública comentó que le entiende perfectamente y también al resto de víctimas.

El eurodiputado vasco remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le indica que si la decisión de acercar a Euskadi y conceder el tercer grado a los etarras ha venido motivada como consecuencia de que éstos hayan pedido perdón a sus víctimas, este supuesto no se ha cumplido en su persona.

Batet afirmó que los gobiernos socialistas “siempre han dado muestra de su sensibilidad y de estar al lado de las víctimas”, aunque reconoció que “no acabaremos con su dolor y sufrimiento, porque para estos casos somos impotentes desde los poderes políticos”.

En este sentido, añadió que “sí podemos exigir el máximo respeto y tener a las víctimas en el centro de la política antiterrorista de este Gobierno”.

Por último, la responsable de Política Territorial y Función Pública afirmó que en el futuro “hay que analizar caso a caso”, pero matizó que la política penitenciaria tiene una normativa “muy estricta”. “Los presos tienen que cumplir con una serie de requisitos y luego Interior decidirá en cada caso”, concluyó.