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En un auto en el que recoge los escritos de acusación presentados, el magistrado abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades como responsables civiles subsidiarias, entre ellas la Asociación de Usuarios y Servicios Bancarios Ausbanc España o el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias.

La resolución señala a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia como la encargada del enjuiciamiento de este procedimiento y acuerda mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Pineda, que está en prisión desde abril de 2016, y la libertad con medidas cautelares para el resto de los acusados.

La Fiscalía solicitó 118 años de prisión para Pineda en el escrito de calificación que presentó en diciembre. Además, pide 25 años de cárcel para Miguel Bernad y cerca de 12 años para la abogada que representó a Manos Limpias en el juicio del 'caso Nóos', Virginia López-Negrete. En la vista se juzgarán delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y organización criminal.

El magistrado requiere en su auto a los acusados y a los responsables civiles para que en el plazo de 15 días, a través de su representación procesal, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sea titulares, “con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias”.

Además, da de plazo hasta el 28 de septiembre para que los acusados y los responsables civiles subsidiarios presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas.

Pineda, el principal acusado, extorsionaba presuntamente a entidades bancarias a las que exigía la contratación de publicidad para emitir opiniones favorables. Si se resistían, lanzaba campañas en su contra para obligarles a pagar.

En este caso también se dilucidarán las supuestas extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias a la Casa Real, a la que podrían haber extorsionado con la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el juicio del 'caso Nóos' a cambio del pago de tres millones de euros.

Además de ratificar la prisión provisional de Luis Pineda, establece medidas cautelares para el resto de acusados, que tendrán que dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones y comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.