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El Gobierno de Pedro Sánchez vivirá esta semana en el Congreso de los Diputados y el Senado la primera batalla parlamentaria de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, ya que ambas Cámaras debatirán y votarán los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados por el Consejo de Ministros junto al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'.

Según anuncio el pasado viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 'techo de gasto' de 2019 será de 125.064 millones de euros, un 4,4% más respecto al de 2018, que se traduce en 5.230 millones de euros más.

Las matemáticas parlamentarias hacen que la aprobación de los objetivos de estabilidad esté en el aire, ya que, aunque el Gobierno podría reunir los votos suficientes para su aprobación en el Congreso de los Diputados, no podrá evitar la mayoría absoluta del PP en el Senado.

En este sentido, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el pasado jueves determinó el objetivo de déficit y deuda para las comunidades autónomas para el trienio 2019-2021, las siete comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP ya votaron en contra de la propuesta del Gobierno, anticipando la postura de los populares en el debate parlamentario.

La aprobación del 'techo de gasto' y de los objetivos de estabilidad presupuestaria suponen el primer paso para la elaboración de los PGE, que según establece el artículo 134 de la Constitución española deben presentarse al Congreso de los Diputados antes del fin de septiembre.

Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que los objetivos de deuda y déficit han de ser aprobados tanto por la Cámara Baja como por el Senado, pero no así el 'techo de gasto', que se presenta tan sólo a efectos informativos y no necesita recibir la validación parlamentaria.

Sin embargo, según explicó Montero, en caso de que la nueva senda de objetivos de estabilidad no reciba la aprobación de las Cámaras, se seguirá aplicando la que dejó fijada el anterior Gobierno del PP. De esta forma, no se podría aplicar en su totalidad la subida del 'techo de gasto' aprobada por el Consejo de Ministros, aunque, según la ministra, “prácticamente se mantendría inalterado”, ya que los nuevos objetivos de déficit relajan sobre todo la contención del gasto de la Seguridad Social y de las autonomías, y no tanto el de la Administración central.

En concreto, la titular de Hacienda cifró en 1.200 millones de euros la reducción que habría que aplicar al 'techo de gasto' aprobado el pasado viernes, lo que implicaría tener que aprobar el nuevo en otro Consejo de Ministros.

Objetivos

La nueva senda establece un objetivo de déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas mayor que el anterior objetivo del 1,3% que había sido fijado por el anterior Gobierno del PP. En concreto, se espera que sea del 0,4% en la Administración central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales. Según los cálculos del Gobierno, este aumento supondrá un aumento de 6.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones, en comparación con el anterior objetivo.

De cara a 2020, el objetivo para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

Deuda

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas, y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración Central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales.

En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.

Críticas al PP

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, Montero criticó la postura contraria del PP respecto a la nueva senda, al considerar que es “ideológica” y que demuestra que “el PP no cree en lo público”. “Sería difícil de explicar por el PP por qué no permite aquello que nos permite la Comisión”, afirmó la ministra, quien añadió que la no aprobación de la nueva senda perjudicará sobre todo a comunidades autónomas y Seguridad Social.

La decisión del Gobierno de modificar los objetivos de déficit y deuda que había fijado el anterior Ejecutivo del PP se basa en las previsiones de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España o la Comisión Europea, que antes del cambio de Gobierno apuntaban que España incumpliría los objetivos. Debido a esto, el Gobierno ha defendido el cambio al considerar que la anterior senda “no era creíble”.

Preguntada por el apoyo de otras formaciones políticas, en concreto de Unidos Podemos, Montero indicó que representantes de dicha formación habían reclamado que el aumento del 'techo de gasto' para 2019 fuera superior al del PIB nominal, y que el aprobado por el Consejo de Ministros cumple con ello, por lo que espera su apoyo a la senda.