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El juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha ordenado la entrada y registro en 22 ayuntamientos de España en la operación contra la corrupción que se desarrolla este martes, en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión policial en el ámbito local, que afecta a aspectos como las multas.

Fuentes jurídicas informaron de que la operación se desarrolla a instancias de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, mientras que los registros y detenciones los está realizando la Policía Nacional.

Los registros pretenden recabar documentación sobre la presunta adjudicación fraudulenta a la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales) de diversos contratos administrativos, vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

El juez ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabbrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones, y Villarquilambre.

Además, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los municipios de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

DISPOSITIVO DE CASI 600 POLICÍAS

El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF. Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.