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DISTANCIA CON LA VÍCTIMA:

“Debe considerarse también que los acusados tienen su
residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima
y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que entendemos
puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas
que la prolongación de la situación de prisión provisional, como las
previstas en el art. 544 bis LECrim., en la que se encuentran desde
hace poco menos de dos años y máxime si consideramos que el
estatus de preso preventivo es aún más penoso que el que
corresponde al penado que inicia el cumplimiento de la sanción firme”.

RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA

“Ninguno de los acusados ahora condenados
cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o
similar a aquel por el que vienen condenados y no puede
desconocerse tampoco que la repercusión que ha tenido este caso y
la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal
magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar
fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva que,
respecto de cuatro de ellos, se presume por las acusaciones, pues lo
que todo ello hace presumir, en buena lógica, no son sino
extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida
social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar
y social; todo ello, junto con la pérdida de su anonimato a que
anteriormente hemos hecho referencia, hace poco menos que
impensable el referido riesgo de reiteración delictiva”.

NO HAY RIESGO DE FUGA

“A este respecto, en relación al riesgo de fuga, que en el
referido auto se vinculaba a las altas penas solicitadas y a la
inminencia de la celebración del juicio oral, estas razones han perdido
notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener.
En tal sentido, no habiéndose cuestionado durante todo el
procedimiento el arraigo familiar y social de todos los condenados, no
cabe ahora, por razón de haya recaído sentencia condenatoria,
negárselo; como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga
como un riesgo genérico y no concreto (derivado de circunstancias
concretas y determinadas) que las partes acusadoras no han tratado
siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este
particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de
fuga; riesgo que, aun estando siempre latente, no cabe inferir en este
caso como una posibilidad real y concreta, y que, en todo caso,
puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas
cautelares menos gravosas para la libertad”.

ALARMA SOCIAL

De otra parte este Tribunal también ha declarado que la alarma
social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad
de la prisión provisional (…). Ha de señalarse, por lo
demás, que la alusión a este criterio de la «alarma social» ha
desaparecido del texto de los artículos 503 y 504″