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Después de varios meses de reiteradas quejas y reclamaciones de sus pacientes y sin que haya habido un comunicado oficial por parte de la empresa, iDental ha cerrado las clínicas que tiene en España (a excepción de momento de Córdoba y Alicante), dejando miles de damnificados. Son muchos los afectados que han visto cómo, tras haber pagado sus tratamientos, estos no han sido finalizados. El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, califica la situación como “un escándalo sanitario sin precedentes”.

Este organismo recuerda a los afectados que deben contactar con los Colegios de Dentistas y asociaciones de consumidores para informarse de sus derechos y de las acciones legales que deben emprender. En el caso de los tratamientos que hayan sido financiados total o parcialmente y que no hayan sido finalizados, los afectados deberán informarse sobre las actuaciones a seguir, dado que la Ley de Créditos al Consumo prevé estas situaciones para garantizar sus derechos.

El Dr. Óscar Castro Reino insta a los miles de pacientes afectados a que no vuelvan a caer en la misma trampa otra vez, puesto que ahora recibirán llamadas de otras clínicas dentales, financieras y bancos ofreciéndoles arreglar su situación: “A pesar de su desesperación, las personas damnificadas deben analizar detenidamente estas ofertas y, si tienen dudas, pueden acudir al Colegio Oficial de Dentistas de su provincia o a las organizaciones de consumidores para que les indiquen los pasos a seguir y así solucionar sus problemas definitivamente y sin engaños”.

El presidente del Consejo General de Dentistas asegura que el cierre de iDental, tal y como sucedió en su momento con empresas como Funnydent y Corporación Dermoestética no son casos aislados, ya que desde hace unos años, en España se ha producido una “burbuja dental” en donde prima el interés empresarial sobre el sanitario. En muchos casos, el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales no está en manos de los dentistas, sino de empresarios /especuladores y los tratamientos que precisa el paciente, en algunos casos, los decide un comercial en vez de un odontólogo profesional, lo cual es inadmisible y, además, un acto de intrusismo profesional.

“Muchos de estos problemas se evitarían si la administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados”, concluye el Dr. Castro.