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El Tribunal Supremo celebra hoy la vista para estudiar los recursos de apelación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junquera y otros 12 procesados por el juez Pablo Llarena, en la causa que instruye sobre el `procés´ independentista, en contra de su procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

El Supremo ha convocado en una providencia a los abogados de todos los recurrentes a las 10.30 de la mañana de este miércoles para la celebración de una vista en la que se estudiarán sus escritos contra la confirmación del auto de procesamiento dictado el pasado 9 de mayo por el magistrado.

El juez Llarena rechazó en esa fecha los recursos de reforma del expresidente Puigdemont y otros 22 investigados, confirmando así su procesamiento en la causa.

En su auto, el magistrado desestimaba los 23 recursos presentados -sólo los exconsellers huidos Toni Comín y Meritxell Serret no los presentaron- y confirmaba el procesamiento dictado el 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Esa decisión fue objeto de recurso ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, que este miércoles celebra la vista.

Llarena reafirmaba en el auto que existió violencia para justificar el delito de rebelión y que los datos de Hacienda indican indicios de malversación. Pese a esta afirmación, abría la puerta a rebajar la calificación de rebelión por otra de sedición o conspiración para la rebelión en una fase más avanzada del procedimiento.

En la providencia, la Sala no atiende la petición planteada por las representaciones de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez para que dichos procesados asistieran a la vista, “por no ser preceptiva su presencia en la vista de esta apelación contra el auto de procesamiento”.

Aparte de Puigdemont y Junqueras, han presentado recurso el expresidente de ANC Jordi Sánchez; los exconseller Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva; Joan Josep Nuet, Dolors Bassa, Anna Simó, Carme Forcadell, Carles Mundó, Clara Ponsatí y Lluis Puig, así como el partido político Vox, que ejerce la acusación popular. A ellos se une Jordi Cuixart, que planteó recurso de reforma subsidiario de apelación contra el auto de Llarena.