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El Pleno del Consejo Fiscal rechaza de forma unánime las manifestaciones efectuadas sobre la fiscalía de la magistrada Mercedes Alaya, que instruyó el caso de los ERE, y afirma que suponen un “absoluto desconocimiento de nuestra institución y ponen en entredicho, con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”.

La juez Mercedes Alaya se refirió en una almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI al caso de los ERE y de los cursos de formación recordando que en sus resoluciones ya denunció la presunta existencia de “clientelismo político con independencia de lo que se hayan llevado o no personalmente. Esto es una manera de que en Andalucía no hayamos conocido ningún gobierno diferente del socialista”.

La magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla recordó que el Fiscal General del Estado es elegido directamente por el Gobierno y, “en este caso, no eligen a personas por su excelencia profesional, sino personas por afinidades políticas, a personas que estén dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno”.

La instructora de los ERE recordó que el fiscal general del Estado es el que nombra a todos los fiscales jefes y “es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el Gobierno”, lo que a su juicio puede afectar a cualquier procedimiento judicial en marcha.

Sobre la obediencia debida de los fiscales al fiscal general del Estado, ha indicado que “los fiscales no tienen la culpa, sólo están sometidos al sistema”, aunque ha recordado “la gran valentía mostrada por fiscales que llevaron el tema de la investigación del expresidente de la Comunidad de Madrid y que se negaron a seguir las instrucciones del fiscal general del Estado, algo absolutamente excepcional”.

Alaya descartó en ese almuerzo su supuesta entrada en política y, de hecho, criticó “las puertas giratorias” que a veces usan ciertos jueces para entrar en política. “Deberían limitarse y que al menos esos jueces no volvieran a la jurisdicción penal o contencioso administrativa”, pidió.

Censuró, además, que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son ahora elegidos por los distintos partidos políticos, por cuotas, “con lo que tenemos el poder político metido dentro del poder judicial”. A ello se une, ha indicado Alaya, que el Consejo General del Poder Judicial depende económicamente del poder Ejecutivo porque no tiene autonomía presupuestaria. En su opinión, “los altos cargos de la cúspide judicial se eligen por afinidad política”.