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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) afirmó este lunes que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siguiera en caso de petición expresa por parte de éste”, según la declaración aprobada por su Asamblea ante la toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados de la proposición de ley sobre despenalización de la eutanasia presentada por el Parlamento de Cataluña.

En su declaración, el Cgcom se reafirma, como representante de la profesión médica, “en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud”.

Además, recuerda que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.

Según dicho Código, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.

ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos también recordó que “la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente le supongan un riesgo personal”.

En cuanto a la atención del paciente al final de su vida, la declaración confirma que “el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.

A este respecto, añade que “la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta sólo cuando existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado”.

El Cgcom ha denunciado de forma reiterada las desigualdades en la legislación autonómica sobre la atención al final de la vida, demandando el aseguramiento de la protección de la dignidad de las personas mediante una ley orgánica.