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El Tribunal Supremo acusó este miércoles a la Justicia belga de “ausencia de compromiso para prestar la colaboración judicial pedida”, después de que desde este país europeo se haya alegado un defecto formal para no entregar al juez Pablo Llarena a los exconsejeros catalanes Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Fuentes del Supremo informaron de que este tribunal está a la espera de recibir formalmente la resolución del tribunal belga para analizarla con detalle y en su caso, alegar en sentido contrario.

Sin embargo, con arreglo a lo que ha trascendido a los medios de comunicación, desde el Supremo se dice no compartir los argumentos esgrimidos para denegar la entrega de Comín, Puig y Serret.

La Justicia belga tomó este miércoles la decisión de no entregar a los exconsellers Tomi Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a las autoridades españolas por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por Llarena. Esta mañana lo anunció el propio exconseller Comín en declaraciones a los medios informativos en Bruselas.

La Fiscalía de Bélgica pidió este miércoles a la Cámara del Consejo en Bruselas que se rechazase la petición de entrega a España de los tres exconsejeros huidos en ese país, tras haber detectado errores y defectos de forma en la información enviada por Llarena.

Al parecer, en la documentación enviada no consta la orden de detención nacional, imprescindible para que la Justicia de un país pueda reclamar a un ciudadano ante otro miembro de la UE. Esa orden fue dada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y no fue adjuntada, ni reformulada por el Supremo, el tribunal que remite la petición.

Llarena justifica la petición de la euroorden en el auto de procesamiento que dictó el pasado 21 de marzo de 2018, pero a la hora de transcribir esa fecha, el juez la data el 21 de noviembre del presente año, una fecha que está por llegar.

Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en el que “se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados y por los que a esa misma fecha el instructor adoptaba la medida cautelar de prisión”.

Insisten en que después de las sentencias, el auto de procesamiento de es el documento que mayos sustento legal tiene para las acusaciones que quedan explicadas con detalle por lo que entienden que “sólo el desconocimiento del nuestro ordenamiento jurídico” puede permitir que se pase por alto el auto “en el que descansa la euroorden”.