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Amnistía Internacional exigió este jueves, tras el anuncio de disolución de ETA, “justicia y reparación” para las víctimas de la banda, así como impulsar una auditoría externa a fin de que “todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad” sean investigados. Igualmente, destaca la responsabilidad de los miembros de ETA de colaborar en la investigación y esclarecimiento de los asesinatos, extorsiones y coacciones.

“El Instituto Vasco de Criminología cifra en más de 3.000 las víctimas que han sufrido tortura a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco entre 1960 y 2013, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en nueve ocasiones por no investigar de forma exhaustiva la tortura”, indicó la ONG en un comunicado.

Entre las seis demandas publicadas por Amnistía, dos de las tres primeras se centran en las “víctimas” de la lucha antiterrorista, para quienes pide una “investigación exhaustiva” por considerarlo un “crimen de derecho internacional”.

Por eso, la organización solicita “garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente”, para lo que reclama una auditoría externa.

La Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco de Amnistía incluye como primer punto “garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer”.

“CIERRA UNA ETAPA NEGRA”

Para la ONG, la desaparición de ETA “es un hito que cierra una etapa negra, pero no reduce ni un ápice la responsabilidad de sus miembros de colaborar en la investigación y el esclarecimiento de los asesinatos cometidos, así como de las extorsiones, amenazas o coacciones a amplios sectores de la población”.

Y es que el hecho de que ETA se disuelva “no anula el derecho de sus víctimas a reclamar verdad, justicia y reparación”, en palabras del director de Amnistía, Esteban Beltrán, que pidió una “agenda común de derechos humanos” que sea “asumida y compartida por las autoridades centrales, vascas y navarras”.

Por último, la entidad exige revisar la legislación antiterrorista para “adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos” y poner fin al “régimen de incomunicación” para los detenidos y acabar con la política de dispersión de presos.