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En España, según datos del Ministerio del Interior, el número de detenidos por delitos de corrupción se incrementó desde los 389 en 2010 hasta superar los 2.400 en 2015. Además, las investigaciones también se multiplicaron: de 366 casos abiertos en 2010 se pasó a las 1.108 investigaciones en marcha en 2015. ¿Ha aumentado la corrupción o su persecución? ¿Pasa factura a los partidos, sindicatos y organizaciones que se han visto implicados en estos casos? ¿La sociedad está normalizando estas prácticas o bien, al contrario, las denuncia cada vez más?

Según la organización Transparencia Internacional, España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la percepción de la corrupción en los últimos cinco años. Según el índice de percepción de la corrupción de 2017, en el que se analizaron 180 países, España retrocedía. El índice, que valora de 0 a 100 la percepción de corrupción y en el que 0 es corrupto y 100 la máxima transparencia, España obtuvo una puntuación de 57 durante el año 2017, mientras que en el año 2000 las cifras eran mucho más positivas y la puntuación española fue de 70.

La corrupción en la contratación pública cuesta cada año a los españoles 48.000 millones de euros, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, la corrupción es señalada por los ciudadanos como el segundo principal problema después del desempleo en el último barómetro del CIS.

El catedrático de Derecho Administrativo de la UOC Agustí Cerrillo asegura que buena parte del aumento de las investigaciones y los arrestos por corrupción se debe a más sensibilización social y a un aumento de los recursos a las instituciones encargadas de luchar contra estas prácticas. Para Cerrillo, aunque la corrupción ha estado institucionalizada y normalizada en España durante décadas, ahora se vive un cambio de tendencia, un cambio que el catedrático sitúa en un momento muy concreto. «Desde el momento en que la crisis económica se agrava, hace ya más de una década, la gente se empieza a preocupar por la corrupción y presiona a los gobernantes y partidos políticos para que adopten más medidas para luchar contra ella», reflexiona Cerrillo.

A pesar de esta concienciación ciudadana, ¿por qué los partidos afectados siguen ganando elecciones y gobernando? «La corrupción no es el único elemento que determina el voto de la ciudadanía, que es multifactorial», señala Cerrillo. A pesar de que las urnas vuelvan a otorgar gobiernos, en algunos casos, a personas afectadas por escándalos de corrupción, el catedrático de Derecho Administrativo subraya que ganan terreno partidos en cuyos programas electorales la lucha contra la corrupción es una de las principales propuestas. Se trata de formaciones tales como Ciudadanos o Podemos y, en su momento, UPyD.

Corrupción normalizada a pequeña escala

«Hay otra parte de la población que hace todo lo posible por no normalizar esta situación de corrupción y la intenta hacer más que visible con una serie de acciones», asegura Josep Vivas, experto en psicología social de la UOC. Activistas, alertadores, políticos y otros perfiles intentan erradicar unas prácticas que, al mismo tiempo, están normalizadas por una parte de la población y siguen perviviendo en las instituciones. «Las conductas más graves generan descrédito y rechazo social, pero cuando en una encuesta se pregunta a la gente si se aprovecharía de tener un familiar médico para poder saltarse las listas de espera de la sanidad pública, un porcentaje bastante elevado responde que sí», admite Vivas.

Algunos sectores de la población restan importancia a fraudes a la Seguridad Social o normalizan «pagos en B», comportamientos que los expertos atribuyen a una falta de cultura democrática, a la pervivencia de prácticas poco honestas de otras épocas de la historia como la dictadura franquista. «No ha habido ninguna ruptura entre las prácticas políticas y económicas que se daban en la dictadura y las que se han dado en lo que han llamado el Estado democrático español. Todo lo que pasa ahora es que se visualiza una corrupción que estaba más que escondida», asegura Vivas. Por su parte, Cerrillo añade: «Algunas instituciones públicas continúan funcionando con una lógica propia de otras épocas: de opacidad, de amiguismo, de clientelismo». Para Vivas, la penetración de la corrupción se debe también a un problema ético generalizado: «No hay ética por ninguna parte en ninguna de las profesiones. Tampoco en la política. Esto no ocurre en otros países».

Más códigos éticos y mayor transparencia

Aparte de la historia o de la falta de ética, Cerrillo atribuye la proliferación de comportamientos deshonestos a otros factores, como la complejidad de cumplir algunas normativas, la falta de controles efectivos o los bajos estándares éticos de algunos políticos y trabajadores públicos. Para este catedrático de Derecho Administrativo, hay varios aspectos que se deben mejorar para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Entre estos el de cumplir las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa hizo al Estado español en 2013 y que, a principios de este año, aún no se habían cumplido en su totalidad, como denunciaba el propio GRECO.

Hay que aplicar, señala Cerrillo, códigos éticos en el poder judicial y en el ámbito parlamentario además de crear un registro de grupos de presión (lobbys), medida que se ha aprobado en Cataluña pero no en el ámbito español. Además, según este catedrático de la UOC, habría que «seguir profundizando en la transparencia de las administraciones públicas», y también hacer pública la agenda de cargos públicos, mejorar la legislación penal y «prohibir que se pueda indultar a políticos que habían sido condenados por casos de corrupción», lo que genera desconfianza entre la ciudadanía.

Cerrillo propone «establecer mecanismos que faciliten la denuncia de casos de corrupción y de protección del denunciante para evitar que la persona que sabe el caso de corrupción no tenga que sufrir las represalias por haber dado el paso». El catedrático de Derecho Administrativo recomienda también «facilitar que la ciudadanía desempeñe un papel más importante en todo este proceso de control y lucha contra la corrupción».