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Los informes de la Guardia Civil que obran en poder del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acreditan una malversación de 1.915.067, 22 euros, según los datos conocidos tras levantarse el secreto de la pieza que investiga el uso de dinero público en la organización del referéndum del 1-O.

La acusación popular ejercida por VOX ha anunciado que ante “la gravedad de lo constatado” en esos informes es precisa la “inmediata dimisión” o “el cese fulminante” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista concedida a El Mundo que el `procés´ no había recibido ni un solo euro de dinero público.

Según VOX, el titular de Hacienda debe abandonar su puesto “por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania”.

El magistrado requirió ayer a Montoro para que le diera explicaciones sobre la afirmación hecha en la entrevista, después de que varios de los procesados por esta causa negaran la existencia de malversación apoyándose en las palabras del ministro de Hacienda,

El Ministerio ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.