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La Guardia Civil registra la sede del Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat) por orden del juez que investiga todo lo relacionado a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. En las oficinas de este organismo que se dedicaba a promover la causa independentista se busca documentación relativa a la causa.

El Gobierno acordó en el último Consejo de Ministros, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la disolución de este organismo ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo pese a que el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación Catalana de Municipios recurriesen esta sentencia.

Por otra parte, la Benemérita cifra en un 1,6 millones de euros el gasto publicado destinado a la organización del referéndum y en 12 millones el coste de mantener las embajadas abiertas.