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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa por sedición contra el que fuera mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, tendrá que decidir si asume la investigación de la actuación de siete miembros de la cúpula del cuerpo policial autonómico, tras la petición del juez de instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que aprecia indicios de delitos en su actuación.

Lamela tendrá que decidir si imputa a la actual cúpula de los Mossos por su actuación durante el 1-O

El juez catalán se inhibió el pasado miércoles en favor de la Audiencia Nacional en la causa que instruía sobre el 1-O, al considerar que existen indicios de un presunto delito de sedición contra siete mandos de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, que hasta ahora no habían sido investigados.

Dado que la jueza Lamela ya tienen abierta una instrucción por estos mismos hechos, será ella la que tendrá que decidir en primer lugar si asume la causa. De ser así, deberá valorar las evidencias en contra esos mandos y llamarles a declarar.

Las evidencias remitidas por el juez de Cornellà se refieren al actual jefe de los Mossos y entonces comisario superior de Coordinación Territorial, Ferrán López, al comisario Central Carles Molinero, el comisario jefe de Planificación de la Seguridad, Emili Quevedo, otro comisario de la Jefatura de Mossos, dos intendentes y la jefa del Servicio de asesoramiento jurídico de la Dirección General del cuerpo.

El juez considera que ellos fueron los responsables del diseño y pautas de actuación del dispositivo para impedir el referéndum que, a su entender, sólo perseguía “su incapacidad e inacción con el fin de permitir la celebración” de la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.

“CUMPLIDORES DE LAS ÓRDENES”

La investigación excede las competencias del juzgado de Cornellá, dado que se produjeron en toda Cataluña, asegura en su auto en el que explica que las órdenes dadas a los agentes iban dirigidas a incumplir lo mandatado por el Tribunal Constitucional. “No son jueces ni intérpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces, sin que puedan arrogarse la potestad de decidir cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió realizar por la policía catalana”, critica el juez.

En su auto ilustra con datos sus afirmaciones y relata como “inexplicable” que el 1 de octubre sólo se llamara al servicio a “la mitad del cuerpo, unos 7.500 efectivos, cuando consta de 17.000” y en unas elecciones trabajan 12.000. Ahora será Lamela la que tenga que decidir si asume la investigación y si les imputa junto a Trapero.