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El expresidente de ANC y candidato a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Sànchez, estaría dispuesto a renunciar a su acta de diputado y a cualquier otra aspiración política para recuperar la libertad, regresar a su plaza de profesor universitario y poder abrazar a sus hijas, según dijo este martes por boca de su abogado defensor, Jordi Pina. El letrado hizo esta afirmación por dos veces durante la vista de la apelación que tuvo lugar en el Tribunal Supremo para revisar la situación de prisión incondicional en la que se encuentra.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que el dirigente independentista siga en prisión incondicional por el alto riesgo de reiteración delictiva que aprecia. El ministerio público ha cambiado de criterio, sin embargo, en el caso del exconseller de Interior Joaquim Forn, para el que ha pedido libertad bajo fianza de 100.000 euros, por “imperativo legal” y atendiendo órdenes del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

La Sala de Apelaciones concedió un turno de última palabra a Sànchez con la advertencia de que debía ser breve y no repetir los argumentos esgrimidos por su defensor. En esa intervención, recordó a los magistrados que es diputado de nueva elección, tras los comicios de diciembre, y que, por tanto, cuando se celebraron los actos legislativos que dieron lugar a la aprobación en sede parlamentaria de la declaración unilateral de independencia él no tuvo participación alguna puesto que no era miembro del Parlament.

Insistió, en una intervención final de unos 10 minutos, en que nunca recibió notificaciones judiciales en las que se le informara de la prohibición de celebrar un referéndum y, por tanto, no incumplió orden judicial alguna.

En relación al “liderazgo carismático” que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le adjudica en el `procés´, Sànchez aseguró que no es tal, porque esa condición supondría que sus decisiones y opiniones no se discuten dentro de la organización que preside y eso no ocurre.

Jordi Sànchez no dijo expresamente que tuviera intención de dejar su escaño en el Parlament, pero su abogado sí dijo ante la Sala que la trayectoria vital y profesional de su defendido no ha estado vinculada a la política, sino a la vida académica, y que en este momento su prioridad es recuperar la libertad. Si para ello es necesaria su renuncia al escaño o a otras aspiraciones políticas, aseveró el letrado, estaría dispuesto a renunciar a la política.

En su intervención, Sànchez no llegó a manifestar esta misma disposición porque los magistrados le advirtieron de que debía ser breve y en ningún caso repetir los argumentos ya expuestos por su representante legal. Su silencio, en todo caso, se ha interpretado como una confirmación de las palabras del letrado.

Sànchez se presentó en todo momento como un hombre de paz e insistió en que cuando asumió presentarse a las elecciones en la candidatura de JxCat lo hizo tras revisar el programa de la candidatura y comprobar que no había referencia a la vía unilateral y con la condición de que si hubiera cambio de criterio, se retiraría.

En el caso de Forn, el fiscal Fidel Cadena pidió libertad bajo fianza de 100.000 euros por orden expresa del fiscal general del Estado y tras escuchar a su defensa, que ha pedido la libertad por razones de salud.

La defensa de Forn indicó que el representante del Ministerio Público no ha argumentado ante los magistrados de la Sala de Apelaciones su cambio de criterio y se han limitado a señalar que actuaba por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Esta decisión se habría adoptado en aplicación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que faculta al fiscal general del Estado a dar órdenes directas a sus subordinados sobre asuntos específicos.

Forn y el candidato a la investidura y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, están siendo investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista. El juez ya impuso fianzas de 100.000 a otros exmiembros del Govern y de 25.000 a los integrantes de la Mesa del Parlament para salir de prisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá estudiar ahora los argumentos expuestos por las partes y tomará una decisión que con probabilidad no se producirá este martes. En el caso de Forn, el exconseller tendrá que regresar de momento a la prisión de Estremera y esperar la decisión de los magistrados. En caso de ser favorable a la excarcelación, deberá depositar la fianza y entregar el correspondiente justificante en el Supremo, que ordenaría su excarcelación.