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El diputado de JxCat Jordi Sànchez ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le deje libre para presidir la Generalitat de Cataluña o, como mínimo, para acudir el próximo día 12 de marzo a la sesión de investidura en la que se sometería su candidatura para presidir el Govern, una vez formalizada por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Sànchez, que lleva ya cuatro meses en la prisión de Soto del Real, quiere que el magistrado que instruye la causa del `procés´ le ponga en libertad para poder gobernar Cataluña, pero por si eso no sucediera pide al menos “los permisos penitenciarios necesarios para acudir personalmente” al Parlament y asistir a la sesión prevista para el 12 de marzo y presentar allí su “programa de gobierno y solicitar la confianza del Pleno”.

Según las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional, la investidura necesita de la presencia en el Parlament del candidato, razón por la cual Carles Puigdemont no pudo ser propuesto y acabó renunciando en favor de Sànchez.

Según el escrito de su abogado, Jordi Pina, la candidatura de Sànchez es “razón de peso suficiente” para pedir la libertad. Se apoya en que en este momento de la instrucción ya no tiene sentido su permanencia en prisión porque ya “han decaído” los motivos por los que se decretó, pero sobre todo porque su libertad sería “la manera más adecuada de garantizar no sólo el pleno respeto a su presunción de inocencia, a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le han elegido”.

Alega que la posibilidad de acudir a la sesión de investidura y gobernar Cataluña, en caso de resultar investido, serviría para “preservar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas y la plena legitimidad democrática del futuro Ejecutivo catalán”.

En el escrito, asegura que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y descarta que el candidato a la investidura pueda llamar a la comisión de actos violentos. De hecho, indica, durante su estancia en prisión sólo ha hecho llamamientos para “preservar la paz social”, aun sin renunciar a sus convicciones “independentistas y republicanas”.