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En el texto, se incluye un nuevo apartado en el que se expone que “las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”.

Gabilondo explicó recientemente que el texto socialista, que tiene 46 páginas y 69 artículos, se presentó el 14 de junio de 2016 y “lo hemos activado, a la vista de que el PP no lo hacía”.

A juicio del PSOE, “tenemos que afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos y uno de ellos es el desafío de lograr un Estatuto de pleno derecho con la incorporación de nuevos derechos y necesidades, y garantías de regeneración y transparencia”.

El PSOE incorpora “asuntos muy importantes de nuevos derechos que tienen que ver con la dependencia, la violencia de género, la educación, la garantía de la vida de los ciudadanos mediante la Renta Básica, o asuntos como la transparencia, el derecho de acceso a la información pública“.

La propuesta socialista contempla avances en la gratuidad de la educación de centros sostenidos con fondos públicos; que se asegure mediante ley la garantía de vida digna de los ciudadanos mediante la Renta Básica; y la incorporación de asuntos tales como la atención a las personas dependientes, protección a las mujeres víctimas de violencia de género, la transparencia y el derecho a la información pública”.

En la propuesta socialista también está la supresión de aforamientos a los políticos de la Comunidad de Madrid y la propuesta de limitar los mandatos del presidente y de los consejeros y viceconsejeros.

En cuanto a los aforamientos, según el citado texto, se destaca que han de ser una prerrogativa de carácter excepcional y en línea con los países de nuestro entorno, y se suprimen para los políticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Además, se da más protagonismo a la Asamblea de Madrid al reforzarse los órganos de control incluyéndose la Comisión Jurídica Asesora y el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comunidad de Madrid.

También se plantea garantizar “la protección social, jurídica y económica de la familia” y “regular el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil“. El PSOE defiende que las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas.

Asimismo, propone incluir en el nuevo Estatuto de Autonomía apartado relativos a derechos de los menores, que tendrán “derecho a recibir de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes”.

Menores y mayores

También se incluyen apartados dedicados a las personas mayores, que tendrán “derecho a recibir de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes”.

Además, se incluye la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y, en los términos que establezca la ley, en la educación infantil y la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos.

También la incorporación de los valores de la igualdad entre hombres y mujeres, el conocimiento sobre la violencia de género, la resolución pacífica de conflictos y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.

El PSOE también incluye la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Una la ley de la Asamblea de Madrid establecerá los términos, condiciones y requisitos del ejercicio de los

Respecto a las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia, se defiende su “derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social“.