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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo este viernes que la libertad de expresión “en absoluto” está en cuestión en España, pero que hay límites, como que el rapero Valtonyc incluya en sus canciones afirmaciones del tipo de que desea ver colgado al Rey o que se cometan atentados contra el PP.

Catalá se pronunció de esta forma antes de inaugurar esta mañana en Madrid el XXV encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia.

Antes de este acto, el ministro fue preguntado por el debate abierto en las últimas semanas a raíz de decisiones como la condena del Tribunal Supremo al rapero Valtonyc o que ARCO retirara una obra que definía como “presos políticos” a los dirigentes catalanes encarcelados por el proceso independentistas.

En este sentido, el titular de Justicia dijo que entiende “el derecho de expresión y que los artistas y los cantantes puedan decir lo que consideren más adecuado”, pero señaló que es distinto “si alguien dice (por el rapero Valtonyc) que quiere ver al Rey con una soga al cuello en una plaza pública o que quiere ver un autobús del PP con nitroglicerina o que un atentado contra Montoro es una buena noticia”.

POTESTAD DE LOS JUECES

Destacó que éstas son “frases literales” incluidas en canciones de este rapero y que en esas expresiones “el margen entre la libertad de expresión y la injurias y calumnias empieza a estar muy cerca y aquí es buen juez quien lo ha decidido”, en referencia a la pena de cárcel para Valtonyc que ha ratificado el Tribunal Supremo.

Sin embargo, remarcó que “la libertad de expresión está absolutamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico”, aunque apuntó que “no es un derecho absoluto en sí mismo”, sino “que convive con el derecho a la intimidad, a la propia imagen”.

El ministro añadió que “la responsabilidad del Poder Judicial es hacerlos convivir” y que es a los tribunales a los que corresponde decidir si alguien considera vulnerados sus derechos por unas declaraciones, un libro o una obra artística. Remarcó que en estos casos en los que hay colisión de derechos es un juez el que decide si hay una “sanción penal”.