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España registró el año pasado ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión hasta el punto de que “alzar la voz” en las redes sociales es “peligroso”, mientras que decenas de miles de personas quedaron desamparadas por políticas de austeridad y las personas refugiadas no recibieron la protección adecuada.

Éste es el resumen que Amnistía Internacional hace de España en su último informe anual, hecho público este jueves y en el que repasa la situación de los derechos humanos en 159 países durante 2017, cuando el discurso del odio y el miedo impulsado desde algunos gobiernos generó “una nueva era de activismo social” con movimientos de protesta de ciudadanos que reclaman justicia.

“2017 fue un mal año para la libertad de expresión y la reunión pacífica en España. Alzar la voz, incluso en las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso”, sentencia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Beltrán apunta que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', ha puesto “miles de sanciones contra particulares, activistas de derechos humanos y periodistas” dos años después de su entrada en vigor, gracias a “la arbitrariedad con la que se aplican las sanciones” y la falta de mecanismos de supervisión. “Hay un aumento o inquietud por la autocensura a la hora de comentar actuaciones policiales”, añade.

MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Además, Amnistía denuncia en su informe anual el “uso excesivo de la fuerza” y el disparo de cartuchos de fogueo y de pelotas de goma el 1 de octubre en Cataluña, día en que se celebró un referéndum ilegal de independencia, y considera “una restricción excesiva y desproporcionada” de sus derechos a la libertad de expresión la prisión provisional de 'los jordis' (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart).

Por otro lado, Amnistía Internacional menciona el impacto de las medidas de austeridad como consecuencia de la crisis económica, ya que, según Beltrán, “el derecho a la salud y a una vivienda adecuada no han sido protegidos adecuadamente por parte de las autoridades”.

Así, indica que el Real Decreto Ley 16/2012 pone en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrante en situación irregular y otros colectivos.

Amnistía indica que el derecho a una vivienda “está en peligro en España”, puesto que hubo 43.459 desalojos en los nueve primeros meses de 2017 y el gasto público en vivienda cayó un 19,2%. Madres solteras y mujeres víctimas de violencia de género son los colectivos más afectados por esta crisis.

Por último, Beltrán lamenta que “los derechos humanos no se encuentran en el centro de las políticas migratorias del Gobierno español”, que incumpliól el año pasado su compromiso de traer 17.337 personas refugiadas a España (eran menos de 3.000 hasta el pasado mes de diciembre).