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La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno una línea de créditos o avales a las autoescuelas para mitigar los efectos de la huelga que los examinadores de tráfico mantuvieron de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del año pasado, salvo agosto.

La iniciativa, defendida por Irene Rivera (Ciudadanos), contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que se abstuvo en la votación. La proposición no de ley indica que la huelga de los examinadores de tráfico afectó a miles de aspirantes a obtener el carné de conducir, con el consiguiente trastorno personal y laboral, y generó en las autoescuelas una “angustiosa” situación por la pérdida de ingresos y clientes, hasta el punto de que algunas han tenido que cerrar.

Por ello, pide al Gobierno “una línea de créditos o avales al sector de las autoescuelas, que tenga en cuenta, de manera proporcional, las horas de trabajo de los empleados declaradas en la Seguridad Social durante el periodo de la huelga de examinadores de tráfico ocurrida desde el pasado mes de junio, con el fin de mitigar los efectos que ha tenido la inestabilidad en el sector”.

MENOS DE UN MILLÓN DE EXAMENES

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo el año pasado menos de un millón de exámenes prácticos para obtener el carné de conducir, algo que no ocurría desde hace más de tres décadas y en lo cual influyó la huelga que la mayoría de los examinadores de tráfico mantuvieron entre junio y diciembre.

Los paros de los examinadores se prolongaron de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre, con excepción de agosto, y duraron 65 días. La huelga supuso el aplazamiento de cerca de 219.000 exámenes prácticos, según la DGT, y pérdidas de más de 90 millones de euros para los centros de formación vial, según la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

La principal reivindicación de los examinadores de tráfico era una subida salarial en el complemento específico de sus nóminas, una reivindicación que la DGT trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y que será una realidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 si el Gobierno los presenta al Parlamento, ya que así se han comprometido todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el PP.

El Gobierno señala en una respuesta al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, a la que tuvo acceso Servimedia, que entre el 1 de enero y el 24 de noviembre del año pasado se realizaron 818.072 pruebas prácticas o de conducción, por lo que la cifra final de 2017 superó por poco las 900.000.

Hay que remontarse más de tres décadas atrás para encontrar un año con menos de un millón de exámenes prácticos realizados, según datos de la DGT recogidos por Servimedia, ya que tal circunstancia ocurrió solamente en 1984 (956.933 pruebas), 1983 (936.768), 1982 (906.832) y 1981 (885.975).

La serie estadística de la DGT sobre exámenes prácticos realizados comienza en 1969 con 1.138.111 pruebas de circulación. El mínimo histórico se mantiene desde 1981 (885.975). Después, la cantidad anual fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar el máximo de 1.855.350 en 2008.

La llegada de la crisis económica supuso un bajón continuado hasta 2013 (1.001.103), momento en que se inició un tímido repunte de alumnos que se presentaban a exámenes prácticos para tener el carné de conducir, frenado en seco por la huelga de los examinadores de tráfico en 2017.