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La exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, citada a declarar mañana como investigada en el Tribunal Supremo, ha comunicado este martes que no acudirá a declarar por considerar que en la causa que la investiga “no existe derecho a un juicio justo”.

La dirigente de la CUP dijo que está dispuesta a pedir asilo político en Suiza si España solicita su extradición, con la intención de instalarse allí para retomar su carrera académica como profesora de Derecho.

“Por el momento no he pedido asilo político. Si me quedo aquí intentaré reanudar la vía académica. Yo era profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, intentaré instalarme aquí”, explicó Gabriel en una entrevista a la radiotelevisión pública francófona RTS.

Esta mañana, en una entrevista en el diario suizo 'Le Temps', ya adelantaba que no tiene pensado regresar a España porque no iba a “a tener un juicio justo en mi país. He buscado uno (Suiza) donde pueda proteger mis derechos”, afirma. 

De esta manera Gabriel sigue los mismos pasos del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los que fueran sus consejeros Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret. En este caso se fugaron a Bruselas. 

“Siempre he hecho campaña por el referéndum, pero de manera pacífica. La cuestión de Cataluña debe resolverse políticamente, mientras que las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión”, defiende en 'Le Temps', al mismo tiempo que añade que “cuando he visto el destino de algunos de mis colegas, que se encuentran en prisión desde diciembre pasado, me di cuenta de que debía irme. No solo estoy arriesgando yo, sino que todo el gobierno está amenazado”.

LLARENA ORDENARÁ SU DETENCIÓN Y PEDIRÁ SU EXTRADITACIÓN

Si finalmente este miércoles no acude a la sede judicial, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenará la detención de Gabriel por medio de una orden de detención y extradición. Sin embargo, en Suiza no existen los delitos de rebelión y sedición de los que se acusa a Gabriel. Sí existe el de secesión pero asociado a la violencia, por lo que España debería acreditar que la ex diputada empleó la violencia para poder pedir la extradición de Gabriel.