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El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reveló este jueves en el Senado que el dispositivo policial necesario para hacer frente en Cataluña a la ofensiva independentista y al referéndum ilegal del 1-O ha tenido un coste de unos 87 millones de euros.

Zoido aportó este dato en la comparecencia que realiza esta mañana en la Cámara Alta para explica el despliegue policial en Cataluña el 1-O y los meses previos y posteriores.

El titular de Interior informó de que “la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades”.

El ministro afirmó que éste es el dinero que “nos ha costado a todos los españoles la arrogancia e irresponsabilidad del Gobierno autonómico catalán”, en referencia a las actuaciones del Ejecutivo que presidía Carles Puigdemont.

HASTA 6.000 AGENTES

Zoido explicó que los 87 millones de euros son el coste que ha tenido desplazar a Cataluña “numerosos efectivos” de la Guardia Civil y Policía Nacional. Añadió que, aunque la cifra de agentes que se han desplazado “no es exacta, porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo”, el dispositivo “más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas”.

Sin embargo, apuntó que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, se llegó a 6.000 agentes estatales en Cataluña, debido a que se reforzó la presencia de efectivos por el 1-O.

El responsable de Interior indicó que estos policías y guardias civiles, junto a los destinados en la comunidad catalana, “tenían el cometido de garantizar la seguridad de las autoridades, funcionarios, instalaciones y edificios de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia”.

“ABSOLUTA PASIVIDAD Y POCA COLABORACIÓN DE LOS MOSSOS”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este jueves en el Senado que durante el pasado 1 de octubre los Mossos d'Esquadra actuaron con “absoluta pasividad y nula colaboración” en las intervenciones que las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron en puntos de votación del referéndum ilegal.

Zoido hizo esta consideración en el Senado, donde explicó el dispositivo policial en Cataluña durante el 1-O y los meses previos y posteriores. El responsable de Interior señaló que, como ha puesto de manifiesto la Fiscalía, la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el domingo de la consulta secesionista fue “legítima, profesional y proporcionada”.

El ministro explicó que las Fuerzas de Seguridad intervinieron en 113 centros de votación del 1-O y que en la mayoría de estos lugares “había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y poca colaboración” ante la actuación de policías y guardias civiles.

“USO MÍNIMO DE LA FUERZA”

El titular de Interior señaló que los Mossos emitieron una “primera petición formal de apoyo” a las Fuerzas de Seguridad a las nueve de la mañana, tras lo cual los agentes estatales comenzaron a intervenir y lo hicieron en un total de 113 puntos de votación.

Además, dijo que esta intervención se realizó haciendo “un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo”. Sin embargo, destacó que los agentes en muchos casos se encontraron en algunos puntos de votación “acciones organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entre las más radicales”.

Resaltó la “actitud hostil” de parte de los concentrados en los centros de votación. Sostuvo que, por ello, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad fue “absolutamente necesario”. Añadió que los responsables por ello de los heridos son “quienes, con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal, generaron un clima de crispación y desobediencia, y no las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

A este respecto, sostuvo que el 1-O el Gobierno de Carles Puigdemont “incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones”.