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La Fiscalía Provincial de Madrid ha comunicado que entrará de oficio para investigar si hubo delito contra los derechos de consumidores que se vieron afectados por el atasco creado el pasado 6 de enero en la autopista AP-6.

Los hechos afectaron a más de 3.000 que quedaron atrapados durante más de 20 horas en la carretera en la zona de Castilla y León sin asistencia alguna por parte de la empresa concesionaria del mantenimiento.

José Javier Polo, fiscal jefe de Madrid, ha confesado que investigarán “para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de los hechos según el artículo 51 de la Constitución Española”.

Según informa El Economista, Polo se remite a una sentencia del Tribunal Supremo para confirmar que la Audiencia de Burgos condenó a la concesionaria de la Autopista AP-1 por falta de previsión y coordinación, teniendo que indemnizar a los afectados con 150 euros.