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El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, aseguró ayer que “el Ayuntamiento de Valencia, como todos los ayuntamientos de España, ha cumplido estrictamente la ley, tanto en la concepción del impuesto como en sus bases de ejecución”. “Por tanto -argumentó- no somos responsables de que se mantenga una legislación estatal que no sea constitucional”.

“Por tanto -anunció- nosotros devolveremos lo que tengamos que devolver, si se da el caso, pero pediremos una compensación al Estado por mantener una ley no constitucional”. “Vamos a exigir que el Gobierno promueva las iniciativas legislativas para adaptar este impuesto a la realidad y a la Constitución; ya que no hemos de asumir una responsabilidad que no es nuestra”.

El concejal aclaró que la voluntad del Ayuntamiento de Valencia no es obviamente que los ciudadanos paguen la aplicación de una ley que no es constitucional en uno de sus aspectos, “pero evidentemente -afirmó- intentaremos recuperar del Estado el perjuicio presupuestario que nos pueda causar”.

Como es conocido, el Tribunal Constitucional dictó el pasado viernes una sentencia en la que declaraba inconstitucional una parte de las normas del citado impuesto. La sentencia se refería al caso concreto del régimen fiscal foral del territorio de Guipúzcoa, y se refiere a los casos de aplicación del impuesto en los que “no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos”. Tal como subrayó el concejal Vilar, “es fácilmente comprensible que la sentencia se acabe trasladando a la Ley de Haciendas Locales y afecte a todos los municipios del Estado”.

El concejal de Hacienda señaló que la sentencia “reafirma la constitucionalidad del impuesto, así como la fórmula de recaudación”, pero afecta directamente a uno de sus aspectos. Por eso, instó al Gobierno central a “efectuar de inmediato un cambio en la legislación estatal para adaptarla al fallo del Tribunal”.

CUANDO NO HA HABIDO INCREMENTO DEL VALOR DEL SUELO: Vilar recordó que el Impuesto de Plusvalías se refiere únicamente al valor del suelo urbano; es decir, que se paga en función del incremento del valor del suelo sobre la vivienda, no sobre el incremento del valor de la vivienda en sí. Por eso, añadió, la sentencia del Tribunal no implica que se vaya a devolver la plusvalía a todo aquel que la haya pagado, sino que únicamente sería en los casos que corresponda (es decir, que no haya habido incremento del valor del suelo) y con las pertinentes justificaciones.

“Valencia, como todos los Ayuntamientos del Estado, de todos los colores políticos, hemos cumplido estrictamente con la ley, tanto en la concepción del impuesto como en sus bases de ejecución -defendió el concejal de Hacienda- y por eso no somos responsables de que se mantenga una legislación estatal que no sea constitucional”.

En este sentido, Ramón Vilar subrayó la oportunidad del Ejecutivo de acometer las modificaciones de la ley también para impedir los casos de 'especulación rápida', o sea, los “pelotazos”. “Dado que durante el primer año no se aplica ningún tipo de gravamen sobre la plusvalía general, puede darse el caso, por ejemplo, de que alguien compre un solar en enero y lo venda en diciembre por el doble de su valor; y en este caso no pagaría nada”, denunció el concejal.

NO SE PAGARÁN INTERESES DE DEMORA A PROVEEDORES ACOGIDOS AL PAGO ANTICIPADO: El concejal de Hacienda también se refirió a otra sentencia publicada el viernes, en este caso por el Tribunal de Justicia Europeo, y referida al pago a proveedores por parte de las entidades locales. El Tribunal ha dado la razón al Gobierno de España y niega el derecho a cobrar intereses de demora a los proveedores que se acogieron al plan de pago anticipado.

En términos de todo el Estado, si la sentencia hubiera sido contraria a la demanda del Gobierno, supondría que habría que hacer frente a unos pagos de 3.000 millones de euros, de los que entre 14 y 15 millones corresponderían al Ayuntamiento de Valencia. No obstante, las arcas municipales se ahorrarán este pago, puesto que el Tribunal entiende que los proveedores acogidos al llamado 'Plan Montoro' de Deuda Comercial renunciaron de manera voluntaria al cobro de los intereses de demora.