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Este martes se ha celebrado la segunda sesión del juicio a Artur Mas y las exconselleras Irene Rigua y Joana Ortega por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta independentista del 9-N en 2014.

En esta sesión le ha tocado el turno de declarar a los testigos. Uno de los testigos, el inspector de educación Josep Rafael A.D. ha declarado que dos directoras recibieron presiones para que cedieran los centros para la realización de la consulta independentista del 9-N sin darles instrucciones por escrito.

El inspector de educación ha declarado que la directora de Servicios Territoriales convocó dos reuniones con directores de institutos donde pidió verbalmente que cedieran los centros para la votación. El inspector recomendó a las dos directoras que fueron presionadas que exigieran la orden por escrito. Esta recomendación a las directoras se hizo antes de que el Tribunal suspendiese la consulta.

Finalmente, las directoras acabaron entregando las llaves para que se llevase a cabo la votación en los centros debido a que la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad. 

La Fiscalía defiende que documentos como esos demostrarían que el Govern de la Generalitat continuó preparando la consulta del 9-N pese a la suspensión emitida por el Tribunal. Esto contradice a la afirmación que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega dijeron este lunes en el juicio asegurando que lo dejaron en manos de voluntarios.