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Betoret, explicó que la provincia de Valencia es la más afectada por el PATIVEL, ya que contempla a un total de 32 municipios, por lo que adelantó que el PPVAL “radiografiará” toda la costa afectada visitando todas las localidades incluidas en el plan, cotejará las numerosas incorrecciones y valorará el impacto económico que supone para vecinos y sectores afectados con el objetivo de “frenar, hasta que se resuelvan todas las incorrecciones, la ejecución de un plan que ha nacido adulterado”.
Así, señaló que los ayuntamientos están soportando una “lluvia de reclamaciones de informacióndebido a los errores cartográficos, la falta de un informe económico que asegure indemnizaciones y la falta de participación ciudadana en la elaboración del Plan.
Betoret señaló que el PATIVEL es una “OPA hostil a un motor para la provincia como es el Turismo“, un sector que “puede estar en peligro por la ejecución de un plan que limitará el uso de las playas, reducirá las superficies de restauración, la ocupación máxima de los establecimientos, que limita las actividades náuticas como las escuelas de vela y la celebración de eventos”.
Así, el PPVAL pedirá a sus portavoces y alcaldes que analicen el impacto económico en cada municipio y actúen como “enlaces” para recopilar toda la información que soliciten sus vecinos con el fin de realizar un “diagnóstico real de la situación” ya que el Consell ha evitado someter el plan a Participación Ciudadana.
En este sentido, señaló que el PATIVEL constituye una “conducta fraudulenta” y una “desviación de poder” porque supone “una expropiación encubierta sin justiprecio ni compensación económica a los vecinos más propia de gobiernos chavistas”. Además, “carece de un estudio de sostenibilidad económica que valore las cuantías indemnizatorias en las que podría incurrir”.
El PPVAL siempre defenderá todas las acciones encaminadas a preservar el medio litoral, que garanticen la protección ambiental y paisajística” pero siempre que se haga desde “el debate amplio, serio y profundo” y nunca desde la improvisación”. “Estamos ante un nuevo caso de sectarismo, intervención competencial, improvisación e irresponsabilidad del Consell”, señaló Betoret.