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La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado en una rueda de prensa este martes que el ejecutivo está dispuesto a adelantar el referéndum. “La fecha está al servicio de la estrategia”, esta afirmación supone que el equipo de Puigdemont puede fijar la fecha de la consulta a los catalanes cuando ellos estimen oportuno.

Aunque no conocen la fecha concreta, han puesto un límite, la segunda quincena de septiembre. Por lo que la franja temporal es amplia, ya que se podría dar antes o incluso después del verano. Esta estrategia la han justificado debido a la “extrema judicialización de la política catalana” debido a los distintos procesos que tienen abiertos ante la justicia.

Uno de los procedimientos previstos que han impulsado adelantar el referéndum, es la declaración ante el juez del ex president, Artur Mas, y dos ex consejeras, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N. El próximo lunes 6 de febrero tendrán lugar estas comparecencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En todo este proceso de celeridad para la votación también ha influido la aprobación de los presupuestos generales para Cataluña. La CUP, entre otras exigencias, pidió que a cambio de su voto favorable se pusiese en marcha todas las medidas necesarias para realizar el referéndum lo antes posible.

Una fecha de la que se ha manejado ha sido el mes de mayo. No solo la CUP ha pensado esta fecha como válida, sino que algunos componentes de PDeCat y Junts Pel Sí también ha querido acelerar todo este proceso para tenerlo listo para el próximo mes de mayo.