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Con las posiciones oficiales instaladas en el mismo punto que antes de las reuniones, la situación de bloqueo parece insuperable y ayer, por primera vez, el presidente en funciones abrió la puerta a no presentarse a la investidura. “Abriría un proceso de reflexión con los partidos“, dijo en la rueda de prensa. Un rato después, en una conversación informal con periodistas, reveló que ya tenía incluso fecha para una nueva convocatoria electoral: el 27 de noviembre.

De momento, lo que ya parece abierto según todos los medios es una carrera de negociaciones contrarreloj que en esta ocasión se harán a puerta cerrada: en Moncloa no quieren el espectáculo mediático que se produjo tras el 20J.

Con la vista puesta en el próximo 19 de julio como próximo horizonte (es la fecha en la que deben constituirse las Cortes y tendrán que negociar la composición de la Mesa), el PP espera mantener reuniones a puerta cerrada con el PSOE y con Ciudadanos. Si algo acordaron Rajoy y Pedro Sánchez en al reunión de ayer, fue mantener el diálogo.

Del documento que el PP envió ayer a los partidos como base de una posible negociación se extraen las que pueden ser los elementos estrella: aunque el documento parte del programa electoral del PP añade matices especialmente en el asunto territorial y de las pensiones que pueden allanar las negociaciones con la formación de Pedro Sánchez. Sobre la cuestión territorial el documento habla exactamente de un “marco de entendimiento con las fuerzas políticas constitucionalistas a la hora de dar respuesta a los retos que plantee el debate territorial” aunque insiste explícitamente en el “rechazo” al soberanismo o “cualquier intento de consulta o referéndum contrario al ordenamiento constitucional y jurídico“.