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Más presuntos trapos sucios que rodean al comisario europeo español, Miguel Arias-Cañete en relación al asunto Acuamed. Y es que, según el diario El Mundo, el ex 'número 3' de Santamaría, el ex ministro avaló el pago de 40 millones a FCC contra el criterio de Agricultura y afirmó en la Audiencia Nacional que el hoy comisario europeo era quien contrataba con el cerebro de la trama.

Así figura en la declaración de ante el juez Eloy Velasco de Federico Ramos de Armas, quien fue hasta enero pasado número tres del Ministerio de Presidencia y uno de los hombres fundamentalesde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En su declaración, que se produjo como investigado, Ramos -que dimitió “para proteger a la vicepresidenta”- fue muy claro respecto de su responsabilidad en la parte de Acuamed que le compete: él se negó a compensar a FCC tras las averías en una desaladora y elevó al ministro un informe en ese sentido.

¿Qué ocurrió entonces? Según la declaración de Ramos de Armas, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, Arias Cañete decidió en contra de su criterio. ¿Qué supuso? Arcadio Mateos, presunto cabecilla de la trama que cobraba mordidas millonarias a cambio de contratos en la empresa pública Acuamed, propuso llegar a un acuerdo con FCC en el caso de la desaladora de Bajo Almanzora, y fue el ministro quien validó esa decisión.

Según Ramos, ahora en el Tribunal Supremo como abogado del Estado, existía una estrecha relación de Mateos con Cañete. Tanto que pese a que tanto él mismo como  la directora general del Agua, Liana Ardiles, querían relevar a Mateos en la presidencia de la empresa pública Acuamed, un puesto al que llegó a propuesta del ex ministro Cañete. Tras estas 'tensiones' llegó el relevo de Ardiles, supuestamente según el declarante para proteger a Mateos. 

Así las cosa, en cuanto a la solución del conflicto de la desaladora de Bajo Almanzora, el ex ministro y ahora comisario europeo de Medio Ambiente se alineó con Mateos, con quien despachaba habitualmente y ordenó al secretario de Medio Ambiente pedir un informe a la Abogacía General del Estado para llegar al acuerdo que, según la UCO y el juez Velasco, beneficiaba ilegalmente a la empresa FCC. Y es que según Ramos de Armas, de haberse resuelto el contrato como él propuso, FCC habría sufrido una prohibición de dos años para contratar con la Administración.