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Las comunidades aliviadas con el margen de déficit, pero piden más

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Madrid, 21 abr (EFE).- Los responsables autonómicos han respirado con alivio al conocer que el Gobierno ha aumentado el margen de objetivo de déficit para las comunidades, desde el 0,3 al 0,7 %, pero piden más flexibilidad, dado los servicios que mantienen, y reclaman una mejora de la financiación.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, pidió ayer en su reunión con el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, que llegara hasta el 1,07 %.

Su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, celebra la «ligera mejora», aunque la cifra está «aún lejos de lo que nos correspondería».

«Durante muchos años -ha dicho- hemos explicado, a menudo en solitario, que la situación era absolutamente insostenible, injusta y arbitraria».

Sin embargo, ha advertido de que «es absolutamente evidente» que están «muy lejos del tercio» que les corresponde en función del conjunto de gasto publico que asume cada administración».

Junqueras ha considerado que, «afortunadamente», la opinión del gobierno catalán respecto a la meta de déficit es «compartida ahora por la Intervención General del Estado, la Autoridad de la Responsabilidad Fiscal Independiente, la Comisión Europea y comunidades autónomas de todo color».

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que todo lo que sea flexibilizar el déficit le parece «positivo», aunque ha lamentado la forma en la que el gobierno ha hecho este anuncio, ya que entiende que habría que haber convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF),

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha estimado que «da la razón» a los gobiernos autonómicos que, como el suyo, han reclamado esta medida y, aunque «llega tarde, mejor tarde que nunca».

Su consejera de Hacienda y Administración Públicas, Catalina Cladera, que ha reconocido que la nueva cifra «da más margen de cumplimiento», ha destacado que demuestra que «no hacían falta las cartas ni las medidas coercitivas de Montoro, ni la criminalización que ha hecho de las comunidades».

La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha celebrado que el Gobierno comparta el margen de déficit y ha afirmado que es una «batalla ganada por las comunidades que han trasladado con claridad y contundencia que no era posible recortar el Estado del bienestar».

Tras expresar su satisfacción por estar en línea con lo defendido por el Gobierno andaluz, ha recordado que siempre dejó claro al Gobierno que «no iba a hacer recortes».

Para el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, parece que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «afloja un poco la soga al cuello» de las comunidades, porque «no se puede seguir atendiendo a los ciudadanos si se las aprieta con el déficit».

Ha recordado que el 85 por ciento del presupuesto regional se destina a sanidad, educación y a atender las políticas sociales.

Su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, que ha opinado que ha sido «fruto de la presión de todas las comunidades», que han hecho «ver» al Ministerio que el objetivo del 0,3 era «injusto» e «inalcanzable», ha considerado que es «beneficioso».

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha afirmado que se trata de un «buen gesto» pero «no definitivo» y no despeja la «incertidumbre» de la financiación.

En su opinión que lo haya comunicado el Ministerio de la Presidencia en lugar del Ministerio de Hacienda no es una «desautorización» a Montoro, sino que muestra «un poquito de sensibilidad» que, sin embargo, «no es la solución» a la falta de financiación de la comunidad.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado la «situación de cierta confusión» que hay en el Ministerio de Hacienda con las autonomías, pues ha recordado que, por un lado, pidió que ajustaran el techo de gasto y por otro, ha anunciado un incremento del objetivo de déficit.

En cualquier caso, ha pedido que éste quede fijado en el CPFF del próximo jueves.

La consejera de Hacienda de Asturias, Dolores Carcedo, ha asegurado que supondrá «un alivio» aunque insuficiente, dado que el reparto entre las distintas administraciones y la Seguridad Social sigue sin estar equilibrado.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, ha dicho que la decisión es «arbitraria» y ha acusado a Montoro de decidir el déficit que se queda el Estado y el que traslada a las comunidades sin hablarlo con ellas.

A su juicio, «es café para todos» y debería ser «diferente en función de la situación de cada comunidad», ya que no es «comparable» el déficit que debe tener su comunidad, que está infrafinanciada, con el de otras que tienen una mayor financiación.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho que la corrección «da oxígeno» a las arcas regionales pero «no es la solución», sino la revisión del modelo de financiación autonómica.

Su consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, pide «un sistema justo y equitativo» y recibir la misma financiación para realizar los mismos servicios públicos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Aragón, Fernando Gimeno, cree que «aún se puede mejorar» y ha expresado su deseo de ser «capaces de arrastrar algo más» hasta que la Comisión Europea tome una decisión al respecto.

Su homólogo de Navarra, Mikel Aranburu, ha señalado que el nuevo techo supone un «respiro presupuestario» y permitirá «llegar mejor a final de año a efectos de tesorería».

El Gobierno Vasco ha pedido «prudencia» al tratarse de «una propuesta» del Ejecutivo que «ha de ser avalada aún por la Comisión Europea y el Consejo Europeo entre junio y julio de este año». EFE