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La ONU abre el camino a nuevas políticas sobre drogas en un mundo dividido

Mario Villar

Naciones Unidas, 19 abr (EFE).- Naciones Unidas abrió hoy el camino a una profunda transformación de las políticas sobre drogas, pero evidenció las diferencias cada vez mayores que hay entre los países que apuestan por la descriminalización y aquellos que insisten en la mano dura.

Reunidos por primera vez en casi dos décadas para abordar la cuestión, los 193 miembros de la ONU adoptaron un nuevo marco que pretende situar a las personas en el centro de las estrategias contra las drogas.

Se trata de un documento de mínimos, que aunque tiene en cuenta las nuevas realidades que se dan en buena parte del mundo, tampoco hace mucho por cambiar los enfoques más tradicionales que persisten.

Al fin y al cabo, el texto es un consenso entre países como Uruguay que han decidido legalizar la marihuana y otros como Indonesia que aplican la pena de muerte en delitos de drogas.

Pero más allá de el documento oficial, la cumbre que arrancó hoy en Naciones Unidas simboliza para muchos el principio del fin de la llamada guerra a las drogas.

Ese enfoque, que en 1998 estuvo en el centro de la última reunión de este tipo que celebró la ONU, ha sido declarado ya fallido por buena parte de la comunidad internacional, encabezada por Latinoamérica y Europa.

“El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas que inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo”, resumió hoy el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

México, uno de los países más afectados por el narcotráfico, defendió la necesidad de un “nuevo enfoque” que sitúe los derechos humanos y la salud en el centro.

“Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención y una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello”, dijo Peña Nieto, que además aprovechó su paso por la ONU para abrir la puerta a una pronta legalización de la marihuana con fines médicos en su país.

México es junto con Guatemala y Colombia el gran impulsor de esta sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas (conocida por las siglas inglesas UNGASS).

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, defendió la importancia de dar un giro a las políticas sobre drogas para dar prioridad a la reducción de la demanda, en lugar de centrarse únicamente en recortar la oferta.

“Las políticas de drogas deben ser consistentes con la declaración universal de derechos humanos y poner a las personas, y no a las sustancias, en el centro”, dijo Morales.

Frente a esos vientos de cambio, ya realidad en un buen número de países, otros como Rusia y China insisten en mantener el rumbo.

“Cualquier forma de legalización de los narcóticos debe ser opuesta firmemente”, dijo hoy el representante chino, Guo Shengkun.

La división se hizo aún más evidente tras la aprobación del texto pactado por los Estados miembros, cuando varios Gobiernos europeos y latinoamericanos tomaron la palabra para lamentar que el documento no incluyese ninguna crítica al uso de la pena de muerte en delitos de drogas.

“No hay evidencia alguna de que (el castigo capital) tenga un efecto disuasorio ante el crimen”, defendió la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón.

Indonesia, uno de los países más criticados por sus habituales ejecuciones por drogas -en muchos casos de ciudadanos extranjeros-, defendió que cada Estado tiene el derecho a decidir sobre su propio sistema de Justicia en función de sus circunstancias.

En declaraciones a Efe, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, reconoció que el consenso internacional está todavía “lejos”, como demuestra esa discusión.

Pese a que su país es uno de los que defiende cambios ambiciosos, Gaviria subrayó como importantes los avances pactados en la ONU y recordó que el documento aprobado es un punto de partida.

Los Gobiernos, algunos representados por sus presidentes, continuarán sus intervenciones mañana y el jueves en Naciones Unidas, donde se desarrollan además un sinfín de actos paralelos organizados por Estados miembros y la sociedad civil. EFE

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