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Óscar Tomasi

Lisboa, 19 abr (EFE).- La opa lanzada por el CaixaBank sobre el Banco Portugués de Inversión (BPI) dependerá también de cómo reaccionen los actores angoleños involucrados en un proceso seguido con expectación en Portugal, socio comercial del país africano.

La oferta de la entidad española surgió como respuesta a la ruptura del acuerdo firmado con la inversora Isabel dos Santos, segunda mayor accionista, para que el BPI se desprendiera de su negocio en Angola y evitara así ser sancionado por Bruselas.

El CaixaBank (con un porcentaje del 44,1 % del capital) ya hizo un primer intento el año pasado para hacerse con el control de la firma portuguesa a través de una opa, aunque entonces Dos Santos bloqueó la operación.

¿Cómo? Por la existencia de un límite en los derechos de voto, que en el caso del BPI está fijado en el 20 %, lo que en la práctica iguala el poder de sus dos mayores accionistas.

El grupo catalán exigió la supresión de esta restricción sin éxito, y acabó desistiendo de su propuesta.

En este nuevo “asalto” repite esta exigencia, pero ahora contará con la ayuda de una modificación legislativa aprobada por el Gobierno socialista luso que permite -a partir del próximo 1 de julio- que este tipo de límites sean revisados periódicamente en el seno de las entidades financieras que operan en el país.

El cambio no es baladí, ya que fue precisamente este blindaje a los derechos de voto lo que también evitó, el pasado mes de febrero, que saliera adelante la escisión del negocio del BPI en Luanda, donde posee el 50,01 % del Banco de Fomento de Angola (BFA).

Aún así, el “plan B” que representa esta opa continúa rodeado de interrogantes por resolver y que serán claves para dilucidar el futuro de la operación.

El propio jefe del Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dejó entrever ayer que hasta el 1 de julio hay tiempo para que los dos mayores accionistas del BPI lleguen a un acuerdo para deshacerse del BFA.

De no hacerlo, la opa necesitaría del visto bueno del Banco Nacional de Angola, ya que la oferta afectaría a una institución de crédito nacional.

“Como envuelve al BFA, el Banco Nacional de Angola tiene que dar luz verde”, destacó en declaraciones a Efe Joao Queiroz, analista del Banco Carregosa.

Medios portugueses recordaban hoy que ya en la propuesta lanzada por el CaixaBank el año pasado el supervisor angoleño no autorizó la operación.

En Portugal se incide en las estrechas relaciones del Gobierno angoleño con Isabel dos Santos debido a que es hija del presidente del país, José Eduardo dos Santos, quien ocupa el cargo de forma ininterrumpida desde 1979 y es acusado por diferentes ONG de corrupción y violación de derechos humanos.

“La opa al BPI, en las manos de Luanda”, titulaba hoy en su portada el diario económico portugués “Jornal de Negócios” para ilustrar una de las principales dificultades que afronta esta nueva oferta del CaixaBank.

La prensa portuguesa incluso especuló en los últimos días con que la ruptura del acuerdo entre los dos mayores accionistas del BPI pudo estar relacionada con la negativa del supervisor financiero luso a autorizar el nombramiento de varios angoleños como administradores del banco BIC, de capital angoleño y con Isabel dos Santos entre sus accionistas.

“Hay alguna tensión, Isabel dos Santos ha adoptado esa postura de no hablar mucho mientras discurre la negociación”, reconoció el analista Joao Queiroz.

Por el momento, la considerada mujer más rica de África -con múltiples negocios en Portugal, que van desde la energía hasta las telecomunicaciones y la banca- se mantiene en silencio sobre cuáles serán sus siguientes pasos.

Hace un año, su respuesta fue criticar la opa de la entidad española y lanzar una contrapropuesta que hasta ahora quedó en nada: fusionar el BPI con el BCP, es decir, el quinto con el segundo mayor banco portugués por volumen de activos. EFE